Fuga en Emboscada: investigan pagos de hasta USD 70.000 por celdas VIP

La Fiscalía investiga un presunto esquema de cobros ilegales a cambio de celdas VIP en la Penitenciaría de Emboscada, luego de una reciente fuga de internos. La fiscala Fabiola Sosa está al frente de las investigaciones, que apuntan a pagos en dólares, privilegios indebidos y posibles maniobras para ocultar evidencias dentro del penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en el Departamento de Cordillera.

El caso ya dejó varios detenidos, entre ellos el director de la penitenciaría, Pablo Abel González Apuril; el jefe de seguridad, Aldo Galeano; y el subcomisario Derlis Cáceres, quien anteriormente se desempeñaba como coordinador de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Hasta el momento, ninguno de los guardiacárceles detenidos cuenta con una imputación formal.

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Uno de los principales hallazgos fue el módulo conocido como “Siete Alta”, donde los investigadores encontraron a ocho internos que no figuraban en los registros oficiales de ese sector. El lugar ofrecía comodidades especiales que no estaban autorizadas y a las que, aparentemente, se podía acceder mediante pagos clandestinos.

🚨Emboscada: Fiscal habla de los beneficios para reclusos que encontró en el Módulo 7

👉La fiscal Fabiola Sosa se refirió a la situación del Módulo 7 de la Penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada y señaló que la nueva estructura del penal no permite la existencia de muchas comodidades.

👉Indicó que no se encontraron celdas vip como las que se veían anteriormente, aunque sí ciertos beneficios como ventiladores y radios, que en ese contexto podrían ser considerados privilegios.

👉Explicó que las celdas no cuentan con enchufes, por lo que los internos modifican los ventiladores y les colocan una suerte de cargador. Además, sostuvo que evidentemente entregaban los dispositivos a los guardias para que los carguen.

👉Consultada sobre si personas privadas de libertad como el pastor José Insfrán y Alexandre Gomes habrían utilizado los celulares incautados, no lo descartó.

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— Ñanduti (@nanduti) October 30, 2026

“La sospecha es que se estaría dando un canon por permanecer en ese lugar”, explicó la fiscala Sosa al referirse a las condiciones en las que estaban alojados los reclusos.

Cobros de hasta USD 70.000 por celdas VIP

Las cifras que se manejan en la investigación son considerables. De acuerdo con Sosa, algunos pagos habrían rondado los USD 12.382, una suma equivalente a unos dos años de salario promedio de un trabajador formal. Sin embargo, la Fiscalía también investiga posibles cobros de hasta USD 70.000 para acceder a estos espacios privilegiados.

“Hubo varios montos, estamos comprobando si es así”, señaló la representante del Ministerio Público, quien aclaró que todavía se están verificando las cantidades y las circunstancias en las que se habrían realizado los pagos.

Las sospechas también alcanzan al sistema utilizado para determinar en qué módulo debía permanecer cada interno. Los investigadores creen que algunos funcionarios habrían manipulado los informes de perfilado penitenciario para favorecer el traslado de determinados reclusos a sectores con mayores comodidades.

Estos informes eran utilizados por el consejo penitenciario para decidir la distribución de los internos y se elaboraban con información proporcionada por la unidad que estaba a cargo del subcomisario Cáceres.

La comitiva fiscal logró identificar a los ocho reclusos que permanecían en el sector privilegiado. Siete de ellos están vinculados a procesos por narcotráfico, entre ellos Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex; Thiago Alessandro De Oliveira Dávalos Brites, alias Flamengo; y José Alberto Insfrán Galeano, alias Pastor.

Reclusos alojados en el sector privilegiado

En el mismo módulo también se encontraban José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, alias La Maldad; Alexis Vidal González Zárate, alias Pelado; Luis Alberto Paiva Gutiérrez, alias Mariachi; y Marcio Gayoso, alias Candonga.

La lista se completa con Oliver Daniel Lezcano Galeano, alias Policía, quien, a diferencia de los otros siete internos, no enfrenta procesos relacionados con el narcotráfico.

Otro punto que llamó la atención de los investigadores fue lo ocurrido después de la fuga. Según los datos recabados, el subcomisario Cáceres habría seguido dando instrucciones al personal de seguridad del penal, pese a que había sido apartado de su cargo el 29 de septiembre.

Las imágenes de las cámaras de circuito cerrado también permitieron detectar movimientos sospechosos antes de que se realizara el allanamiento judicial.

Durante el procedimiento, la fiscala Sosa y su asistente interceptaron a un funcionario penitenciario que estaba por salir del establecimiento con un bolsón lleno de teléfonos celulares. Según las declaraciones recogidas, los aparatos eran utilizados por los internos y estaban siendo retirados para evitar que fueran encontrados por los agentes fiscales.

Órdenes directas para retirar evidencias

El operativo también terminó con la detención de cuatro guardiacárceles, identificados como Pedro Antonio Balbuena Gayoso, Leandro David Guzmán Maidana, Héctor Enrique Ozuna Giménez y Carlos Martín Agüero Cáceres.

De acuerdo con sus declaraciones, habrían recibido órdenes del director González Apuril y del subcomisario Cáceres para retirar los celulares antes de que los investigadores ingresaran a revisar las instalaciones.

González Apuril ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva, mientras que la Fiscalía solicitó la misma medida para Cáceres, cuya situación deberá resolverse en una audiencia judicial.

Entretanto, el Ministerio Público sigue reuniendo pruebas para determinar cómo funcionaba el presunto esquema de cobros, quiénes participaban y qué responsabilidad podrían tener otros integrantes del consejo penitenciario en la asignación irregular de celdas dentro del penal.