ANEAES denuncia 5.314 títulos de Medicina sin acreditación

Un total de 5.314 títulos de Medicina fueron expedidos entre 2023 y 2026 por carreras que no contaban con la acreditación exigida por ley. La cifra forma parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Durante ese periodo, se registraron 21.689 egresados de Medicina en todo el país. De ese total, 5.314 obtuvieron sus títulos de carreras que no tenían acreditación vigente al momento de su graduación. A esto se suman 2.469 títulos correspondientes a programas que fueron evaluados en 2025, pero que no consiguieron la acreditación.

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Ante estos antecedentes, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal y designó a los fiscales Silvia González, Laura Giacummo y Christian Benítez para llevar adelante las pesquisas.

La investigación apunta a esclarecer posibles irregularidades, entre ellas prácticas hospitalarias respaldadas por documentos sin firmas ni sellos, presunta adulteración de documentos y carreras que nunca pasaron por un proceso de evaluación. Los hechos denunciados generan preocupación por sus posibles consecuencias para la fe pública y el ejercicio de la medicina en el país.

Universidades con títulos de Medicina sin acreditación vigente

Entre las instituciones mencionadas en el informe, la Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo aparece con la mayor cantidad de títulos expedidos en estas condiciones, con 1.260 registros. Le sigue la Universidad María Serrana, con 1.209, mientras que la Universidad María Auxiliadora figura con 102.

El documento también identifica a universidades que nunca se sometieron al proceso de evaluación de la ANEAES. En este grupo se encuentran la Universidad Leonardo Da Vinci, con 35 egresados; la Universidad Privada del Guairá, con 24; la Universidad Columbia del Paraguay, con 12; y la Universidad del Sol, con 8.

Sin embargo, la propia ANEAES advierte que las cifras podrían ser mayores. Según explicó, el 97,3 % de los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no especifica en qué filial cursó sus estudios cada egresado.

Esta falta de información impide determinar con precisión cuántos títulos corresponden a sedes que operaban sin cumplir los requisitos legales. Por ese motivo, la agencia considera que los números identificados hasta ahora representan apenas un mínimo y que podrían existir otros casos no detectados.

Falencias en los controles y antecedentes de irregularidades

La ANEAES también cuestionó que la inscripción de un título en el registro del MEC no necesariamente garantiza que la carrera haya cumplido con todas las exigencias legales y académicas.

Como antecedente, el informe menciona a la Universidad Privada María Serrana, que acumuló 185 títulos de Medicina desde 2017. La institución fue clausurada en 2022 tras detectarse certificados con firmas falsificadas. Pese a estas irregularidades, varios de sus egresados consiguieron registrar sus títulos ante el Ministerio de Salud Pública.

Otro de los casos señalados corresponde a la Universidad Sudamericana, que inscribió títulos respaldados por constancias de prácticas hospitalarias sin sellos institucionales en Pedro Juan Caballero.

A estas situaciones se agregan 1.490 títulos registrados entre 2023 y 2026, correspondientes a ofertas académicas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Cuestionamientos al control ejercido por el CONES

El informe presentado ante la Fiscalía también pone en duda la actuación del CONES frente a las irregularidades detectadas. La ANEAES cuestiona que el organismo no haya intervenido a tiempo, pese a las advertencias sobre carreras que operaban sin cumplir los requisitos correspondientes.

A esto se suman observaciones de la Contraloría, que detectó que el CONES no cuenta con un plan anual de inspecciones y que tampoco dispuso la clausura de programas que carecían de la acreditación exigida.

El documento recuerda además que, en mayo de 2026, la ANEAES volvió a solicitar la intervención de oficio de 126 carreras de Derecho que no habían pasado por ningún proceso de evaluación técnica.

Con estos antecedentes, la investigación fiscal deberá determinar el alcance de las irregularidades denunciadas y establecer si existen responsabilidades penales por la expedición y el registro de títulos universitarios en estas condiciones.

Fuente: El Observador