PTI y Tesãi: compras de Itaipú eluden a Contrataciones

Desde agosto de 2023, el gobierno de Santiago Peña canalizó compras y obras por G. 1.926.408.990.590 a través de fundaciones vinculadas a Itaipú Binacional. Según una publicación de ABC Color, este mecanismo permitió realizar contrataciones al margen de los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En total, se trata de unos USD 256 millones administrados mediante el Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) y la Fundación Tesãi.

El sistema abarca 204 llamados vigentes que no pasan por el portal estatal de contrataciones, lo que limita el acceso público a la información sobre el uso de estos recursos. La cifra tampoco incluye los concursos que fueron declarados desiertos o cancelados. Del monto total, el PTI-PY concentró 177 procesos por G. 1.560.633 millones, mientras que Tesãi gestionó 27 convenios destinados al Ministerio de Salud Pública, por G. 365.776 millones.

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La falta de información es uno de los principales cuestionamientos a ambas fundaciones. El relevamiento señala que 72 llamados no incluyen precios de referencia. Tampoco están disponibles los contratos firmados ni las liquidaciones finales de las adjudicaciones. En el caso de Tesãi, ninguno de los pliegos publicados especifica los montos estimados. Además, desde marzo, la fundación abrió diez nuevos convenios sin dar a conocer sus presupuestos.

¿Qué ministerios reciben más fondos de Itaipú?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) encabeza la lista de beneficiarios, con G. 622.033 millones distribuidos en 19 convocatorias. La mayor parte de esos recursos, unos G. 499.275 millones, corresponde a la triplicación de la ruta D025. También figuran trabajos relacionados con el proyecto “Tape Tuja”. Le sigue el Ministerio de Salud Pública, con G. 365.776 millones gestionados a través de Tesãi.

Entre las contrataciones realizadas por el PTI-PY, el Ministerio del Interior ocupa el segundo lugar, con 41 procesos por G. 314.242 millones. Los fondos se destinaron principalmente a equipamiento e infraestructura para la Policía Nacional. Entre las principales adquisiciones aparecen 390 patrulleras por G. 122.571 millones, chalecos balísticos por G. 32.000 millones y un centro de datos por G. 17.720 millones.

El Ministerio de Educación figura con G. 213.830 millones, mientras que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia gestionó G. 206.703 millones para los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas registra G. 95.928 millones y el propio PTI-PY, G. 36.026 millones.

La lista también incluye a la Secretaría Nacional de Cultura, con G. 27.320 millones, y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), con G. 13.643 millones.

Contraloría y Defensa también figuran entre los beneficiarios

La Contraloría General de la República aparece entre las instituciones que recurrieron a este mecanismo, con contrataciones por G. 13.063 millones. A su vez, el Ministerio de Defensa Nacional gestionó G. 8.415 millones para la compra de seis buses y un minibús.

La participación de distintas instituciones públicas muestra que el uso de las fundaciones vinculadas a Itaipú no se limita a un ministerio o a un tipo de obra, sino que se extiende a diferentes áreas del Estado.

Solo durante octubre, el PTI-PY abrió cinco nuevos concursos por un total de G. 75.606 millones. De esa suma, G. 61.825 millones corresponden a obras complementarias en la ruta D025 y el corredor Las Residentas.

Estos nuevos procesos se incorporaron al mismo esquema de contrataciones que opera fuera de la supervisión ordinaria de la DNCP, lo que mantiene los cuestionamientos sobre la transparencia y el control de los fondos administrados por las fundaciones de Itaipú.

Promesas de transparencia frente a la falta de información

El pasado 6 de abril, Santiago Peña defendió la gestión del PTI-PY ante las críticas por el manejo de los recursos de Itaipú. En aquella ocasión, el presidente aseguró que “los fondos están totalmente transparentados”. Sin embargo, los sitios web oficiales siguen sin publicar los contratos firmados ni los detalles de los desembolsos realizados, lo que dificulta conocer cómo se utilizan estos recursos.

Fuente: ABC Color