La Fiscalía está llevando a cabo una investigación sobre un caso de supuesta estafa que involucra la apropiación de 170 millones de guaraníes de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Según el fiscal Eduardo Alegre, una “organización bien estructurada” estaría detrás de este hecho ocurrido en el departamento de Misiones, que recuerda otro caso similar en Caaguazú.
La denuncia fue presentada por Eliseo Quiroz, un residente del distrito de San Ignacio, quien afirma que su indemnización fue cobrada por terceros sin su conocimiento. Quiroz había logrado un fallo judicial en diciembre de 2020 que obligaba a la ANDE a pagarle la suma mencionada, como compensación por la afectación de su terreno para obras de infraestructura eléctrica pública. Sin embargo, a pesar de haber ganado el proceso, Quiroz asegura que nunca fue notificado de la sentencia y descubrió posteriormente que la indemnización ya había sido cobrada.
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Un adulto mayor de San Ignacio, Misiones, fue víctima de un aparente despojo de indemnización de la ANDE.
Don Eliseo Quiroz (67) contó que debía cobrar G. 170 millones, porque la Línea 500 KV pasa sobre su propiedad, y una persona retiró el dinero con un cheque… pic.twitter.com/KjBUeoJH8q
— DELPY (@delpynews) October 10, 2024
Según la ANDE, el cheque no transferible correspondiente a la indemnización fue entregado a un abogado llamado Hugo Villagra, quien presentó un poder especial elaborado en una escribanía de San Juan Bautista. Este documento supuestamente autorizaba a Villagra a retirar el pago en nombre de Quiroz. No obstante, el afectado ha negado haber firmado tal autorización y afirma no conocer a Villagra ni a la escribana Lidia Ada Aceval, quien supuestamente elaboró el poder.
El fiscal Alegre ha señalado que el caso sugiere la existencia de una estructura organizada que operó con sigilo para ejecutar el fraude. Según sus investigaciones, el cheque no transferible tiene dos endosos: el primero presenta una firma “parecida” a la de Quiroz, mientras que el segundo corresponde a una cédula de identidad de una mujer fallecida, aunque el cobro del cheque fue realizado por un hombre.
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“Utilizaron a una persona adicta como cara visible, quien se presentó en la escribanía como abogado; ese poder fue presentado ante la ANDE en Asunción”, explicó Alegre. Agregó que, a pesar de los controles que la ANDE y el Banco Nacional de Fomento (BNF) deben realizar, la organización logró sortearlos.
La complejidad del caso ha llevado al fiscal a considerar que las imputaciones se irán formulando a medida que se recojan más pruebas. “Queda por investigar quién se quedó con el dinero”, afirmó Alegre, resaltando la importancia de esclarecer esta situación.
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La investigación continúa sin imputados hasta el momento, pero ha generado preocupación sobre la vulnerabilidad de los sistemas de control dentro de las instituciones del Estado. Este hecho, que involucra una cantidad considerable de dinero, pone de manifiesto la necesidad de una revisión más profunda de los procedimientos administrativos relacionados con las indemnizaciones de la ANDE y otros organismos públicos.
Fuente: ABC Color
