El Tribunal de Sentencia que juzga al exintendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, rechazó el recurso de nulidad y el pedido de sobreseimiento definitivo presentados por su defensa. El juicio oral, que se desarrolla por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, continuará con la declaración de testigos municipales, principalmente concejales del distrito.
La audiencia se llevó a cabo el lunes con la participación de los jueces Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete. En esa instancia, se admitieron elementos probatorios ofrecidos en el expediente, pero se desestimaron los incidentes que buscaban frenar el proceso penal. El tribunal consideró que no había fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo actuado ni para extinguir la acción penal en esta etapa del juicio.
Hilario Adorno enfrenta diversas acusaciones por supuestas irregularidades cometidas durante su administración como jefe comunal de Puerto Casado. Fue electo intendente en agosto de 2023, pero destituido por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en abril de 2025. El proceso judicial se concentra en hechos que implican el uso indebido de recursos públicos.
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Entre los cargos se encuentra la compra de una camioneta Mitsubishi L200 Triton Sport, año 2022, por valor de más de G. 325 millones. Según la investigación, la unidad fue registrada a nombre del propio Adorno, pese a haber sido adquirida con fondos de la municipalidad. También dictó una resolución para adelantarse tres meses de salario, lo cual fue considerado ilegal, ya que no existe tal prerrogativa en la función pública.
Otro punto clave en la acusación es la rendición de cuentas sobre almuerzo escolar por más de G. 600 millones, supuestamente destinado a comunidades indígenas en 2022 y 2023. Sin embargo, se sostiene que no existen pruebas de que los alimentos hayan sido entregados en las escuelas beneficiarias.
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La Contraloría General de la República aportó un informe que revela un presunto desfalco de G. 8.800 millones durante los 18 meses de gestión de Adorno. El documento fue incorporado como prueba clave en el proceso, y refuerza las sospechas de una administración caracterizada por graves irregularidades presupuestarias y falta de transparencia en el uso de fondos públicos.
Fuente: Última Hora
