La Coordinadora de Adultos Mayores y Familias ha llegado este viernes al Congreso Nacional para exigir la interpelación del Ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Las denuncias giran en torno a supuestas irregularidades en el pago de pensiones, incluyendo abonos a personas fallecidas, y la exclusión de beneficiarios que realmente necesitan la ayuda. Los gremios solicitan una investigación profunda sobre la cantidad exacta de personas inscritas en el programa.
Elías Cabral, Coordinador Nacional de la organización, expresó su preocupación ante la situación. “Queremos que los representantes del pueblo, que están en la Comisión de Adultos Mayores, requieran al Ministro Tadeo Rojas los informes sobre la cantidad exacta de personas que están siendo beneficiadas con la pensión, porque tenemos datos que se está falseando la cantidad exacta”, manifestó Cabral, indicando la sospecha de una manipulación en el registro de beneficiarios.
Una de las denuncias más graves expuestas por Cabral es la continuidad en el envío de tarjetas con PIN a adultos mayores que ya han fallecido. “También queremos que se le llame a interpelar al Ministro por qué sigue enviando tarjetas con pin a los adultos mayores. Queremos saber quiénes están cobrando esas tarjetas, porque a nombre de personas fallecidas envían los correos y hay miles de tarjetas que no se retiran”, denunció el Coordinador Nacional. Esta situación, de ser confirmada, podría implicar un desvío significativo de fondos públicos.
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Elías Cabral también remarcó las discrepancias en las cifras de adultos mayores beneficiados con la pensión. “En marzo del año pasado, el Ministro nos dijo que 312.000 eran los adultos mayores que estaban siendo incluidos. En noviembre, su viceministro dice que son 305.000 los adultos mayores incluidos”, puntualizó. Esta diferencia de 7.000 adultos mayores, según el cálculo de Cabral, podría representar aproximadamente unos G. 30.000 millones de guaraníes en un año, lo que exige una investigación exhaustiva para aclarar el destino de esos fondos.
Cuestionamiento a la Edad de Acceso y Discriminación
Otro punto de reclamo fundamental de la Coordinadora de Adultos Mayores es la implementación de la edad de 65 años para arriba como requisito para acceder al beneficio, una medida que Cabral califica de “anticonstitucional”. El líder gremial citó el artículo 47 de la Constitución Nacional, que establece que “todos somos iguales y no se admiten discriminaciones”.
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Cabral argumentó que la aplicación de esta franja etaria ha generado una situación de injusticia y discriminación: “Hay muchos abuelos de 80 años a los que no les están pagando y hay personas de 65 años que están cobrando”. Esta inconsistencia en la aplicación del programa de pensión para adultos mayores, sumada a las denuncias de pagos irregulares, ha llevado a la Coordinadora a calificar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social como un “desastre”. Los gremios instan a los diputados y senadores a intervenir urgentemente, apelando a su rol como “representantes del pueblo” para investigar y corregir estas irregularidades.
Fuente: ABC Color
