La Comisión de Legislación del Senado, presidida por Derlis Maidana, ratificó el proyecto de ley que permite a gobernadores, intendentes y administradores de entes públicos evitar los controles de la Contraloría General de la República. La decisión fue adoptada por mayoría y será remitida al pleno en la sesión ordinaria prevista para mañana.
El proyecto modifica el Código de Organización Judicial y habilita a las instituciones públicas a recurrir directamente al Tribunal de Cuentas para presentar sus rendiciones de gastos. De este modo, se establece un mecanismo que reduce el papel de la Contraloría en la fiscalización de los recursos estatales.
El contralor general, Camilo Benítez, cuestionó enérgicamente la propuesta y advirtió que, de aprobarse, la Contraloría quedaría sin funciones reales de control. Según su postura, el organismo quedaría limitado a una figura meramente decorativa dentro del esquema institucional del Estado.
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La mayoría de los integrantes de la comisión, entre ellos Luis Pettengill y Carlos Núñez, respaldaron la versión del Senado. En contrapartida, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain y Patrick Kemper se abstuvieron de emitir voto, alegando dudas sobre los alcances de la normativa.
El asesor jurídico de la comisión, Jorge Coronel, argumentó que no se eliminan las atribuciones de la Contraloría, ya que esta institución controla las cuentas mientras que el Tribunal de Cuentas se encarga de juzgar las rendiciones. Coronel incluso invocó criterios de la Corte Suprema de Justicia para fundamentar su postura favorable.
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Nakayama señaló que el objetivo inicial de la propuesta era descongestionar a los tribunales y no reducir competencias de la Contraloría. Por esa razón, sostuvo que la medida podría tener consecuencias negativas en materia de transparencia y optó por abstenerse en la votación.
La decisión de la comisión se suma a otros antecedentes en los que el oficialismo impulsó cambios institucionales cuestionados por organismos de control. Entre ellos, la creación del Consejo Nacional Anticorrupción, que reemplazó a la Secretaría Nacional Anticorrupción y redujo la autonomía de la Contraloría al integrarla a un órgano vinculado al Ejecutivo.
Fuente: ABC Color
