La Contraloría General de la República inició un sumario administrativo contra el exsenador Javier “Chaqueñito” Vera por no presentar su declaración jurada de bienes y rentas tras dejar su cargo en el Senado. Según la institución, el exparlamentario ya superó el plazo legal establecido para cumplir con el trámite obligatorio.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, explicó que todos los funcionarios públicos cuentan con 15 días hábiles para presentar su DD.JJ. al abandonar un cargo estatal. En el caso de Vera, el plazo ya venció y por ello se abrió el procedimiento correspondiente.
“Ya se le notificó y está corriendo el plazo de contestación”, señaló Torres durante una entrevista con ABC TV. El funcionario también recordó que los exsenadores Erico Galeano y Hernán Rivas deberán presentar sus declaraciones juradas en los próximos días.
Contraloría advierte sobre multas por atraso
El director de Declaraciones Juradas explicó que anteriormente la sanción por incumplir con la presentación era una multa fija equivalente a 300 jornales mínimos. Sin embargo, indicó que ese monto resultaba inaccesible para funcionarios de menor rango dentro de la administración pública.
Con la actualización de la normativa, la multa ahora depende del salario percibido por cada funcionario. Según detalló Torres, las sanciones pueden variar entre el 20% y el 100% del salario, dependiendo de la cantidad de días de atraso acumulados por el funcionario afectado.
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Además, recordó que anteriormente existía la posibilidad de aplicar inhabilitaciones para ocupar cargos públicos. En ese sentido, sostuvo que sería conveniente restablecer ese tipo de sanción para quienes incumplen con la obligación de presentar sus declaraciones juradas.
Buscan reforzar controles sobre funcionarios públicos
Torres planteó que la Contraloría debería contar nuevamente con la facultad de inhabilitar a funcionarios que no presenten su DD.JJ. al dejar el cargo. Según manifestó, la medida podría aplicarse por periodos de entre uno y cinco años.
El funcionario también advirtió que algunas personas procesadas o investigadas por hechos ilícitos evitan presentar sus declaraciones juradas para impedir que se conozca el estado de su patrimonio. No obstante, aclaró que la omisión no evita eventuales investigaciones patrimoniales por parte de la Contraloría.
“Pero si ellos creen que no van a ser investigados por la Contraloría por no presentar, están equivocados”, afirmó Torres. Agregó que la institución puede igualmente realizar análisis de correspondencia patrimonial sobre el tiempo que el funcionario ocupó un cargo público.
Fuente: ABC Color
