El Ministerio del Interior informó este miércoles, a través de sus redes sociales, que ya se encuentra disponible para consulta ciudadana el informe de intervención a la Municipalidad de Asunción. El documento, elaborado por el interventor Carlos Pereira, revela desvíos de fondos, una crisis financiera prolongada, falta de control interno y el uso indebido de la cuenta única del Tesoro Municipal.
La administración municipal de Asunción desvió sistemáticamente los recursos del Bono G8 hacia gastos operativos, alejándose completamente del objetivo original de inversión en infraestructura pública. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado por el interventor Carlos Pereira, que pone al descubierto una gestión marcada por irregularidades administrativas y una crisis financiera de larga data.
El documento de 150 páginas detalla cómo la implementación de la Cuenta Única del Tesoro Municipal, mediante la Ordenanza N° 175/2018 y la Resolución N° 2.424/2019, constituyó una extralimitación de competencias normativas. Esta decisión administrativa se tomó en un contexto donde la situación económica ya presentaba serias deficiencias antes de la aprobación de la Ordenanza 28/2022.
“Los fondos fueron dirigidos en su mayoría hacia el financiamiento de erogaciones de gastos corrientes, tales como el pago de servicios personales, amortización de préstamos adquiridos por déficit temporal de caja, contratación de servicios no personales y adquisición de bienes de consumo e insumos”, establece el informe técnico.
La investigación revela que la crisis trasciende el aspecto financiero. Más de 400 funcionarios municipales cumplen actualmente los requisitos legales para jubilarse, pero permanecen en sus puestos debido a la crisis de la Caja Municipal y la falta de recursos para cubrir los beneficios adicionales establecidos en el contrato colectivo vigente.
El interventor Pereira identificó un “nulo ambiente de control interno” combinado con un “obsoleto sistema informático” y “políticas contables para elevar activos en detrimento de la debida exposición de resultados negativos”. Estos factores contribuyeron a crear un escenario donde el “elevado número de talento humano disponible” se encuentra “altamente desmotivado y sin perspectiva de mejoría en el corto plazo”.
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La gravedad de las irregularidades detectadas trasciende el ámbito administrativo. El documento establece que el uso indebido de recursos públicos “hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”. Esta transgresión configura “varias tipologías sancionadas en los fueros administrativos, políticos y jurídicos”.
El informe concluye con una advertencia sobre las consecuencias a largo plazo: “La confianza pública no se reconstruye con el mero voluntarismo, ni por efecto inmediato de la sola punición de los causantes”.
Fuente: ABC Color
