Cuatro procesados en la causa conocida como “Detergentes de oro” lograron evitar el juicio oral mediante salidas alternativas, que implican la devolución de dinero a la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, el juez Rodrigo Estigarribia decidió enviar a juicio a David Fernández Rachid, vinculado a la empresa DFR S.A.
El caso investiga la compra irregular de insumos durante la pandemia, en un proceso en el que también figura acusado el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Según la Fiscalía, las adquisiciones habrían causado un perjuicio patrimonial superior a G. 1.808 millones.
Los beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento son Víctor Ramón Fragueda Ortíz, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez y Jorge Alberto Ruiz Díaz. Cada uno deberá devolver G. 25 millones al municipio y aportar G. 5 millones adicionales como reparación del daño.
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La Fiscalía, en la audiencia preliminar, se allanó al pedido de salidas alternativas debido a que consideró reducido el reproche contra los acusados, sumado a la oferta de resarcir el perjuicio ocasionado. Con ello, el proceso contra los cuatro queda cerrado, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.
En cambio, Fernández Rachid será juzgado oralmente por haber presentado ofertas en llamados de contrataciones municipales sin contar con la experiencia ni el respaldo necesarios para proveer bienes al sector público. La acusación sostiene que esa situación no fue advertida por el Comité de Evaluación de Ofertas de la Municipalidad.
El Ministerio Público sostiene que las adjudicaciones se realizaron de manera irregular a empresas favorecidas durante la administración municipal en plena emergencia sanitaria. Según la acusación, se beneficiaron a firmas que no cumplían con los requisitos básicos exigidos por la ley.
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El proceso, que involucra a exautoridades y proveedores de la comuna capitalina, sigue su curso en la justicia, mientras el caso de Fernández Rachid pasa a la etapa de juicio oral, donde se analizarán las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.
La investigación mantiene bajo la lupa el uso de fondos públicos durante la pandemia y la responsabilidad de exautoridades municipales en la adjudicación de contratos que hoy se encuentran cuestionados.
Fuente: Megacadena
