La presión internacional y doméstica sobre Brasil se intensifica para que el gobierno de Lula da Silva clasifique al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas. El impulso más visible proviene de la administración Trump. Según reportes brasileños, Washington evalúa esa etiqueta para ampliar sanciones y compartir inteligencia.
A la presión externa se suma el frente interno liderado por sectores afines a Jair Bolsonaro. La oposición impulsa una reforma legal para incluir a las facciones criminales en la ley antiterrorista. El debate escaló tras la ofensiva policial en Río de Janeiro contra el CV, con más de 120 muertos, bajo el mando del gobernador Claudio Castro.
Unite al canal de RDN en Whatsapp
Castro fue señalado por realizar un lobby sostenido ante autoridades de EE.UU. en busca de la designación de narcoterroristas. O Globo informó que, a comienzos de 2025, presentó un informe confidencial a la embajada norteamericana. El documento argumentaba la brutalidad y la transnacionalidad del CV.
En mayo, Castro visitó oficinas de la DEA en Nueva York para proponer cooperación. La gestión generó controversia política en Brasilia. El secretario general de la Presidencia, Guilherme Boulos, denunció reuniones reservadas entre el embajador estadounidense y el gobernador.
Ante el proyecto opositor, Boulos advirtió que el discurso sobre narcotráfico ha sido una base retórica de intervenciones en América Latina. La posición fue compartida de forma implícita por el Planalto y el PT. El oficialismo expresó reservas frente a un cambio normativo con impactos externos.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que el gobierno estaba “terminantemente en contra” de la propuesta. Señaló que habilitaría injerencias de “otros países”, en alusión a Washington. El líder del PT en Diputados, Lindbergh Farias, calificó la iniciativa de “inconstitucional” y riesgo para la soberanía.
En este tablero, la postura de Paraguay sumó un elemento regional. El gobierno de Santiago Peña, que se alineó con Javier Milei en la declaración de terroristas al PCC y al CV, quedó bajo observación en Brasil. El periodista y catedrático Leandro Demori alertó sobre una movida geopolítica asociada a una eventual base militar y de espionaje en territorio paraguayo.
Demori sugirió que, desde esa hipotética instalación, la administración Trump podría realizar incursiones bajo el argumento de combatir a Hezbolá y a bandas como el PCC. El planteo abrió un eje de seguridad transfronteriza que involucra a Brasil. La discusión agrega presión al debate en el Congreso brasileño.
Leé más: Relaciones EEUU-Paraguay tendrían impacto en Brasil
En paralelo, Asunción anunció la operación “Escudo Guaraní”, coordinada por el Consejo de Defensa Nacional. La medida busca reforzar fronteras con Brasil y Argentina, con despliegue militar y uso de aeronaves A-29 Super Tucano. El anuncio llegó tras la clasificación de PCC y CV como terroristas por parte del Ejecutivo paraguayo.
El cruce de agendas refleja un pulso político con derivaciones internacionales. Brasil discute el alcance de su ley antiterrorista y los límites a la cooperación con EE.UU. Paraguay aparece como pieza clave en la arquitectura de seguridad regional en la frontera compartida.
Fuente: La Política Online
