El fiscal acusador Celso Ayala solicitó formalmente la remoción de la jueza de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro. El pedido se realizó este jueves durante los alegatos finales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Esta causa se desprende del esquema de estafas judiciales conocido como la mafia de los pagarés. Según la acusación, la magistrada incurrió en un grave mal desempeño de funciones y en la posible comisión de hechos punibles. El proceso busca determinar la responsabilidad de la jueza en las irregularidades detectadas dentro de su unidad judicial.
Durante la audiencia, el fiscal Ayala presentó argumentos que apuntan a una gestión deficiente y falta de transparencia procesal. Por su parte, la jueza Analía Cibils se dirigió a los miembros del jurado para intentar deslindar su responsabilidad. La magistrada sostuvo que las fallas en las notificaciones corresponden exclusivamente a los ujieres de su despacho. Según su versión, estos funcionarios deberían ser los juzgados por las falencias detectadas. Ante estas declaraciones, la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, llamó a autos para sentencia una vez concluidas las exposiciones.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados también resolvió suspender los plazos respecto a la acusación por presunto prevaricato. Esta medida se mantendrá hasta que se resuelva el proceso penal correspondiente en contra de la magistrada Cibils. En la sesión estuvieron presentes diversas autoridades del ámbito judicial y legislativo paraguayo. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, quien reemplazó al ministro Manuel Ramírez Candia. También participaron de forma presencial o telemática senadores y diputados que integran este órgano constitucional extrapoder.
¿Cuáles son las irregularidades detectadas en el juzgado?
El fiscal Celso Ayala detalló una serie de anomalías que calificó como pruebas contundentes del mal desempeño funcional. Entre los hallazgos figuran resoluciones dictadas con firmas, pero sin el sello correspondiente de la magistrada interviniente. Asimismo, se detectaron providencias para iniciar juicios que carecían totalmente de fecha y sellos oficiales obligatorios. Según Ayala, estas omisiones permitieron que los plazos procesales se aceleraran ilegalmente para los demandantes del esquema. En contraste, las víctimas nunca pudieron ejercer su defensa de manera oportuna y efectiva.
El esquema de la mafia de los pagarés funcionaba bajo un manto de invisibilidad para los demandados. El fiscal explicó que los plazos recursivos nunca empezaron a correr para las personas afectadas por estas demandas. Las víctimas recién se enteraban de los procesos cuando ya sufrían descuentos millonarios en sus salarios mensuales. Ayala resaltó que los jueces tienen la obligación legal de dirigir el proceso manteniendo la igualdad de las partes. En este juzgado de paz, esa dirección se habría omitido para favorecer sistemáticamente a los sectores demandantes involucrados.
Alegatos del fiscal acusador del JEM, Celso Ayala -enjuiciamiento de la jueza Analia Cibils-
Docentes en sala y afuera, victimas que hoy celebran su día, entre lágrimas y suspiros escuchan al fiscal describir el esquema que les esquilma hace años. Cibils desde su linda casa pic.twitter.com/SlnLROkPfc— Diana Vargas (@DiVargas00) April 30, 2026
Una auditoría realizada por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia confirmó que muchas notificaciones jamás se realizaron. Este informe técnico reveló que los ujieres presuntamente sabían que los demandados nunca se enterarían de los trámites en curso. Según el fiscal acusador, estas actuaciones permanecieron ocultas hasta que se inició la intervención institucional y fiscal. La agente fiscal Belinda Bobadilla lideró el allanamiento previo del Ministerio Público que permitió rescatar los expedientes cuestionados. Estos documentos son la base central de la acusación que hoy enfrenta la magistrada ante el Jurado.
Responsabilidad de control y el papel de los ujieres
Ayala fue enfático al señalar que las funciones se delegan, pero la responsabilidad de control permanece en el juez. El fiscal rechazó el intento de la magistrada de culpar únicamente a los oficiales de justicia por los errores. Según su criterio, admitir que la culpa es de los subordinados es reconocer tácitamente la falta de supervisión. La ley exige que el titular de cada despacho judicial verifique el cumplimiento de las normas procesales. El desorden administrativo detectado en el juzgado de La Encarnación constituye un incumplimiento directo de este deber constitucional.
La fiscalía también denunció que el juzgado de Cibils puso trabas para remitir la documentación requerida durante la investigación. Ayala expuso que, a pesar de los reiterados oficios, las causas que prueban el mal desempeño no fueron entregadas rápidamente. Sin embargo, al recibir finalmente los expedientes, el Ministerio Público detectó una situación sumamente alarmante. Muchos documentos que los auditores habían declarado como incompletos aparecieron repentinamente con firmas, sellos y fechas. Esta inconsistencia documental sugiere un intento premeditado de subsanar errores de forma posterior a la intervención oficial.
El fiscal resaltó el valor legal del informe de auditoría de gestión utilizado como prueba. Este documento es un instrumento público elaborado por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones legales. La magistrada no impugnó ni redarguyó de falsedad dicho informe en las etapas correspondientes del proceso. Por lo tanto, las omisiones consignadas en la auditoría tienen plena fe pública para el juzgamiento del mal desempeño. La diferencia entre lo hallado originalmente por los auditores y lo presentado hoy ante el JEM es indiscutible.
Posible alteración de pruebas y remisión al Ministerio Público
La parte acusadora insistió en que el estado actual de los expedientes constituye un ataque directo a la fe pública. Si los sellos y firmas aparecen hoy, significa que fueron estampados tras el relevamiento de datos original. El fiscal Ayala calificó este hecho como un intento desesperado de ocultar una gestión judicial irregular y desprolija. Esta conducta trasciende el ámbito administrativo y entra en la esfera de los delitos penales tipificados. El Código Penal paraguayo describe esta figura como la alteración de datos relevantes para la prueba judicial.
Ante esta gravedad, la Fiscalía instó a los miembros del JEM a remitir los antecedentes al Ministerio Público. El objetivo es que se investigue penalmente la posible producción o alteración de documentos en el despacho de Cibils. La remisión de antecedentes es necesaria para deslindar responsabilidades sobre quién ordenó completar los expedientes tras la auditoría. Según el fiscal, la impunidad en estos actos debilitaría profundamente la confianza ciudadana en el sistema de justicia. El Jurado debe ahora analizar si existen indicios suficientes para abrir esta nueva línea de investigación penal.
Finalmente, el JEM deberá dictar sentencia sobre el pedido de remoción solicitado por el fiscal Celso Ayala. La decisión final marcará un precedente importante en el combate a los esquemas de estafa dentro del Poder Judicial. Los miembros del jurado evaluarán la conducta de la magistrada frente a las evidencias de descontrol administrativo presentadas.
Mientras tanto, el proceso judicial por la mafia de los pagarés continúa su curso en otras instancias de la justicia paraguaya. La resolución de este caso es esperada por cientos de trabajadores que fueron víctimas de descuentos indebidos en sus haberes.
Fuente: ABC Color
