La abogada y experta en derechos humanos Alejandra Peralta denunció un presunto esquema judicial utilizado para desalojar a adultos mayores de sus viviendas en Asunción. Según explicó, algunas personas estarían manipulando la Ley 5777 de protección integral a las mujeres para lograr la exclusión inmediata de propietarios de sus propios inmuebles.
De acuerdo con la denuncia, el mecanismo comienza con acusaciones de violencia psicológica presentadas ante juzgados de Paz. Las denuncias suelen incluir supuestos insultos o maltratos verbales atribuidos al dueño de la casa. Posteriormente, jueces dictan medidas de exclusión del hogar que obligan al propietario a abandonar la vivienda y mantenerse alejado del lugar.
Peralta afirmó que quienes impulsan estas acciones pueden ser parejas ocasionales, familiares o incluso inquilinos. “El dueño es expulsado de su propia casa y se le prohíbe acercarse a 500 metros, no solo de la víctima, sino del domicilio. Mientras tanto, el denunciante se queda a vivir en el lugar”, sostuvo en entrevista con ABC.
Cuestionan decisiones en el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad
La abogada señaló casos analizados en el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, bajo la firma del juez Alejandro Delvalle. Según indicó, algunos magistrados argumentan que no tienen atribución para revisar títulos de propiedad antes de dictar medidas de protección, lo que, a criterio de Peralta, termina avalando ocupaciones irregulares mediante resoluciones judiciales.
“No se puede legitimar un hecho de quedarse con la casa de otro justificando una supuesta violencia psicológica. Algo anda mal; no es la ley, es la aplicación sin criterio de la misma”, expresó la especialista en derechos humanos.
Estoy muy preocupada por un nuevo modus operandi que va tomando fuerza en los juzgados de paz.
Denuncias de violencia doméstica (en su mayoría psicologica) por parte de mujeres hacia adultos mayores con quienes entablan relación.
El juez ordena la exclusión del hogar (propiedad…— Alejandra Peralta Merlo (@aleperaltamerlo) May 13, 2026
Además, explicó que los procesos para recuperar las viviendas pueden extenderse entre cuatro y seis meses debido a apelaciones o juicios de desalojo. Durante ese periodo, muchos adultos mayores quedan sin acceso a sus pertenencias, medicamentos o documentos personales.
Debate sobre denuncias falsas y efectos judiciales
Peralta también relacionó este escenario con el debate legislativo sobre el proyecto que busca endurecer las penas por denuncias falsas. La propuesta plantea elevar esos casos a la categoría de crimen, con penas superiores a cinco años de cárcel.
Aunque reconoció el impacto de los montajes judiciales denunciados, advirtió sobre posibles consecuencias negativas. “Menos personas se animarán a denunciar hechos reales, como corrupción, por temor a represalias judiciales si el caso no termina en condena”, manifestó.
Fuente: ABC Color
