El máximo órgano judicial del país caribeño, dominado por los aliados del gobierno de Nicolás Maduro, despojó de competencias a la Asamblea Nacional (AN), porque habría caído en “desacato”.
Asimismo, la sentencia faculta a la Sala Constitucional del Supremo a adjudicarse el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. La decisión judicial desató una ola de indignación en el país, donde la oposición denuncia que se trata de “un golpe de Estado”.
Inmediatamente, los gobiernos de la región repudiaron lo que consideran un quiebre institucional. México, Chile o Brasil rechazaron el falla, en tanto que el gobierno del Perú, convocó de inmediato a su embajador en Caracas.
