La firma del gobernador fue sometida a pericia caligráfica, la cual fue contrastada con varios documentos firmados por el mismo en la gobernación, el resultado es que la firma de la polémica nota no fue adulterada.
Los peritos encargados del Ministerio Público fueron Denise Insaurralde y Julio Maldonado.
A partir de esto podía darse la desestimación de la causa impulsada por Friedmann, la cual estaba caratulada como producción de documentos no auténticos.
Por otra parte, el gobernador niega categóricamente la firma sea suya. A pesar de que su cargo estaría a resguardo, la defensa de Friedmann asegura que proseguirá la batalla legal.
