El docente e historiador José Antonio Galeano, explica que “existe un problema que no está cubierto, y es el crecimiento de la población y del espacio urbano, sin planificación alguna, lo cual da lugar a situaciones que vulneran los derechos básicos de las personas que migran del campo a la ciudad”
En el marco de la investigación denominada “Territorios de exclusión social” se determinó la necesidad de crear políticas públicas de construcción de manera urgente.
Dicho estudio demostró el crecimiento vertiginoso de la población en el departamento Central, como por ejemplo, existen 196 asentamientos con un total de 20.324 viviendas las cuales albergan uno 4,8 miembros en promedio.
En tanto que con la Encuesta Permanente de Hogares realizada en 2015, “se demostró las condiciones de vida más deterioradas, desfavorables y de privaciones de derechos básicos de las personas que viven en los asentamientos en clara desventaja con el resto de la población departamental y nacional”, explica Galeano.
El eje económico indica que el 57,19 % de las personas que sustentan el hogar en asentamientos del departamento Central son excluidas laboralmente y un 30,54% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.
Lo más alarmante es que el 80,68% de los hogares no cuentan con alguno de los tres bienes o servicios básicos, como agua, cocina y recolección de basura. A pesar de estar en estas condiciones, estas personas no son beneficiadas con programas públicos de reducción de la pobreza.
A todo esto se suma, la falta de seguro médico, el hambre ya que no consiguen alimentos suficientes para cubrir las tres comidas diarias, así también las fumigaciones que dañan la salud y los cultivos, insalubridad, humedad, suciedad y malos olores; en entornos degradados de difícil acceso e inundables, todo dentro del departamento Central.
El autor concluye tras lo observado en los asentamientos, “que las personas que migran del campo a la ciudad, no encuentran más alternativas que asentarse en territorios excluidos de la sociedad. Además las instituciones del Estado paraguayo deberían ser las encargadas del diseño de políticas públicas y programas de inclusión social”, pero las mismas no realizan dichos diseño gestión.
