El defensor del pueblo, Miguel Godoy, fue quien personalmente presentó la denuncia ante el JEM. El mismo sostuvo que lo acontecido con el ambientalista “es un bochorno nacional e internacional”.
La acción presentada es por mal desempeño en sus funciones de los jueces Arnaldo Fleitas, Víctor Medina y Elsa García.
«Apelamos al principio del Estado de necesidad justificante, que es un principio que se tiene que analizar atendiendo a que, en su calidad de ambientalista, Figueredo no tenía otra opción que hacer algo por el ambiente y eso era conservar en los barriles y estructura que preparó”, señaló Godoy.
Así también indicó que la Ley que regula los permisos no estaba reglamentada en su momento.
“Creemos que los jueces cometieron un error. Esto ha tenido repercusión internacional. Queremos que haya justicia verdadera», remarcó.
Caso
El titular de la Fundación Itá Enramada, Rubén Figueredo, fue sentenciado a 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la pena.
El hombre fue encontrado culpable del delito de procesamiento ilícito de desechos.
El sentenciado realizaba campañas de concienciación mediante convenios con la Secretaría del Ambiente, el Ministerio Público y la Municipalidad de Asunción.
En tanto que los jueces manifestaron que se probó el hecho punible, porque almacenó, sin tener la licencia ambiental, pilas en desuso y desechos patológicos que pusieron en peligro la salud de las personas y el medioambiente, según informes de Última Hora.
