La audiencia de imposición de medidas fue fijada por el magistrado para los días 8 y 9 de febrero.
Según la determinación adoptada por el juez, el 8 de febrero deberán comparecer los imputados César Rodrigo Amarilla, José Antonio Caballero Bobadilla y Ángel Ramón Chamorro.
Por otra parte, el día 9 tienen que presentarse los imputados Miguel Ramón Oro y Xavier Hamuy Campos Cervera.
Además, se solicitaron medidas alternativas a la prisión a fin de garantizar la comparecencia de los imputados al proceso, considerando que existen indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, informó La Nación.
No dará paso al costado
Este medio fue el que adelantó días atrás la imputación de la cúpula directiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines por lesión de confianza.
Sobre el punto, el presidente del ente, José Caballero, habló con la 1020 AM y aseguró que fue imputado solo por “bajar tasas” en una promoción, sin embargo una auditoría interna demostró que el ente a su cargo fue cómplice de una maniobra financiera en perjuicio de sus intereses.
El motivo de la imputación no tiene asidero legal y es “descabellado”, atizó.
Al ser consultado si se apartaría del cargo, afirmó que él ostenta un cargo electivo por lo que seguirá en la titularidad.
Se declaró “totalmente inocente” y aseguró que todos los procesados serán sobreseídos.
Jubilados bancarios conversaron con RDN y exigieron que los ahora procesados den un paso al costado y que el ente sea intervenido.
La imputación
De acuerdo a los datos a los cuales accedió RDN de manera exclusiva, la Fiscalía atendió una denuncia de los jubilados bancarios e imputó por el hecho punible de contra el patrimonio, normalmente conocido como lesión de confianza, a la cúpula mayor de la caja y a un exgerente.
Quienes ahora están requeridos por la justicia son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.
En los casos más graves, el hecho punible tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 10 años.
Los hechos denunciados
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
