Múltiples denuncias contra Senavitat sobre Barrio San Francisco

Los mismos solicitan al Estado para sus casas en la zona, ya que la mayoría de las personas beneficiadas que pertenecen al barrio Ricardo Brugada no desean vivir en el sitio.

La diputada Olga Ferreira llegó hasta el lugar en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y sostuvo que las familias merecen ser escuchadas y necesitan una rápida solución a sus reclamos.

Manifestó además que desde el principio el proyecto del barrio San Francisco presentó irregularidades.

Explicó que no se efectuó la planificación adecuada, ya que ni siquiera la Senavitat efectuó el censo correctamente.

Indicó que se hará una audiencia pública en la  Cámara Baja este miércoles a partir de las 10:00 horas donde plantearán soluciones para las familias.

“Este proyecto se realizó sin medir las consecuencias, porque ni si quiera tuvieron en cuenta las múltiples necesidades de las personas”, expresó.

Señaló que no se previó absolutamente nada e incluso no se tuvo en cuenta a la  gente que posee alguna discapacidad.

Remarcó que actualmente los pobladores de Zeballos Cué sufren a causa de las inundaciones y de esa manera se acrecienta el conflicto y las necesidades.

“Es comprensible que las personas estén desesperadas y busquen un lugar dónde refugiarse”, indicó.

El barrio San Francisco se construyó para las personas que habitan en los bañados, sin embargo no se llevó a cabo correctamente la distribución de las viviendas e incluso existen denuncias de que personas de Pedro Juan Caballero llegaron para vivir en el lugar.

Así también la diputada acotó que aparte del mal manejo de la situación existe otro inconveniente. Es decir la propiedad está aún a nombre de las Fuerzas Armadas y no de la Senavitat, lo cual generará un gran problema a la hora de las transferencias de títulos.

Son varios los cuestionamientos y ninguna respuesta. La ministra Soledad Núñez se encuentra fuera del país y los responsables a cargo, no brindan ninguna respuesta al respecto.

Los vecinos solo desean una casa propia y ruegan al Estado para que les brinde soluciones en la brevedad, porque la mayoría está viviendo una situación crítica por las inundaciones.

RDN llegó hasta el lugar y los guardias que custodian las entradas al sitio actuaron con vehemencia y prepotencia cuando el medio intentó fotografiar las casas.

Al consultarles por qué la medida, no supieron dar explicaciones certeras.  Alegaron que son órdenes de arriba.

El barrio es considerado público y por ello no se puede comprender la reacción de los que custodian dicho territorio.