La mina fue concesionada en el 2011 a inversores extranjeros detrás de Minas Paraguay, entre los que están Steven Klaver, Thomas Dalrimple y Dwight Romanica. Los mismos tuvieron problemas con buscadores de oro locales, por lo que contactaron con el viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien a su vez los relaciona con Eduardo Heisecke Mazó, hombre fuerte del entorno cartista, y socio de Juan Carlos López Moreira, ministro jefe del Gabinete Presidencial.
Heisecke los contacta con su abogada Ana Mora, y en un audio se le escucha decir lo siguiente:
“Entonces vos te tenés que sentar con ella, que ella es mi abogada también, por eso yo te recomendé, pero yo le hago firmar contrato. ‘¿Vos me vas a hacer esto Ana? Si, firmame acá, te voy a hacer este trabajo, te voy a cobrar mil’. Yo te avisé que hagas eso. Entonces te tenés que sentar con ella, un millón de dólares parece una locura, pero tenés que ver la posibilidad, y hablá con ella y te sentás con ella, y liquidás con ella y solucionás todos tus problemas. No le metas a Gustavo Leite en el tema, no le metas a nadie, porque al pedo les vas a meter a todos ellos. Lo único que vos vas a ganar es que a mí me ataquen y que yo te ataque a vos. Y vos sabés mejor que nadie que si yo te voy a atacar, no voy a parar hasta que vos estés en Estados Unidos de vuelta o estés preso, porque así voy a estar yo”.
Los ejecutivos son socios en al menos cinco empresas con capitales que van entre los 1.000 millones, 3.000 millones y 10.000 millones de guaraníes.
Finalmente, el año pasado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) despojó de la mina a los inversores, alegando que no había pagado los cánones del 2015 y 2016, hecho que es negado por parte de los empresarios, quienes indican que antes de ser notificados ya habían pagado.
Luego de que el MOPC haya firmado la caducidad de la concesión, en un par de días apareció un nuevo interesado, un abogado exfuncionario de la cartera de Obras Públicas, a quien le entregaron la mina pese a que no se observó su capacidad técnica ni monetaria, como requiere la ley de minas.
Lo llamativo es que el jefe de Estado, firmó un decreto de concesión al exfuncionario, sin someter a consideración al Congreso Nacional, como exige la ley.
A pedido de los senadores Víctor Bogado y Gustavo “Pipo” Alfonso, el pasado 7 de junio se blanqueó el decreto, los mismos recomendaron votar a favor. Mientras que la senadora, Desirée Masi fue la única que consultó a quien concederían la mina, lo que no fue respondido, reportó una investigación realizada por ABC Color.
