Según informó ABC Color, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Antonio Franco realizaban labores doméstica para el parlamentario Tomás Rivas y cobraban salarios indebidamente en la cámara de Diputados.
El primero cobró más de G. 17.000.000 de julio de 2016 a enero de 2017, con un salario mensual de G. 2.000.000.
El segundo también cobró más de G. 17.000.000, en el mismo periodo y con el mismo ingreso. No obstante el tercero logró percibir G. 24.000.000 en el mismo periodo pero con un salario de G. 3.000.000.
Según la fiscala del caso, Yolanda Portillo, los caseros del legislador cometieron estafa y cobro indebido de honorarios, en un caso que originalmente era de su colega Luis Piñánez, pero que fue recusado.
Por otra parte, el proceso de Tomás Rivas ni siquiera inició, debido a que sus colegas decidieron rechazar el pedido de desafuero del entonces juez Rubén Riquelme, con la excusa de que él mismo apeló la remisión de ese oficio y pidió la nulidad de la imputación.
El legislador fue imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La acusación de la fiscala Portillo contra los caseros señala que se probó que los mismos percibían asignaciones salariales sin tener derecho a ello, ya que no existía la contraprestación laboral con el Congreso Nacional.
