La señora Ynés Rios de Ruggero presentó una denuncia penal contra la Ministra del Trabajo, Carla Bacugalupo. También están nombrados los funcionarios del SNPP: Darío Muñoz, Julio Pessolani y Cristian Daniel Barba Mazó.
La denuncia es sobre la posible comisión de hecho punible de lesión de confianza, estafa, asociación criminal, usurpación de las funciones públicas.
Ruggero se desempeñaba como directora del programa de aulas móviles y simuladores, por lo que el 28 de mayo del pasado año realizó el pedido de 6 unidades de simuladores backhoe, 4 unidades de simuladores motoniveladora y 5 unidades de nódulos rodantes, todos ellos para la capacitación de más personas para el desafío vial del corredor bioceánico.
Luego de este pedido, el Gobierno recortó el 33% de las acciones programadas en el Plan de Desarrollo Individual (PDI) 2018, por lo que no había sentido en llamar a licitación para la adquisición de lo anteriormente citado, ya que ello causaría un perjuicio al Estado.
Por ello, se procedió mediante memo la anulación de dicho pedido.
Sin embargo, pese a que se haya solicitado la anulación, los simuladores fueron adquiridos sin conocimiento de Ruggero, quien solo supo de eso, tras el pedido de Darío Muñoz, gerente económico para que lo acompañe para recibir los equipos, cuyo origen se desconocía.
Ruggero detalló que le llamo la atención que la hayan convocado para recibir la compra, de la cual ella no participó ya que había solicitado su anulación.
Tras esto, la denunciante investigó más a fondo el hecho y constató que el contrato de dicha adquisición fue firmada por la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.
Se resalta además que desde la Dirección de Contrataciones Públicas Públicas (DNCP) se emitió un dictamen que solicitaba la anulación de la adjudicación retrotrayendo el proceso de la etapa de evaluación de ofertas.
En el portal de la DNCP se puede constatar que el contrato se firmó y supera los G. 1.200 millones.
Luego de lo mencionado, Ruggero fue removida de su cargo y derivada a cumplir funciones en Capiatá. La resolución estaba firmada por Bacigalupo.
El 7 de febrero de este año, descontrataron al hijo de Ruggero, Gino Francesco Ruggero del departamento de auditoria.
Los denunciantes alegan que esto se dio porque se opusieron a la adquisición de un producto que es innecesario basándose en el presupuesto cuya compra podría causar un daño patrimonial al Estado.
La denuncia fue radicada en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Los detalles en el documento de abajo:
