El Ministerio Público logró constatar que unas siete niñas eran mantenidas en deplorables condiciones dentro de una vivienda, ubicada en Minga Guazú, por lo que la madre, la tía y la abuela de las mismas fueron imputadas por la fiscala Analía Rodríguez.
De acuerdo al informe de la Fiscalía, varias de ellas, incluso, eran obligadas a prostituirse y vivían en un ambiente, donde supuestamente se consumía y comercializaba sustancias estupefacientes.
Las tres mujeres son acusadas de supuestamente incurrir en los hechos punibles de Abuso Sexual en Niños, Proxenetismo y Violación del Deber del Cuidado.
La titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y de Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, solicitó, además, la elevación de la causa a Juicio Oral y Público, en el acto conclusivo presentado en el Juzgado Penal de Garantías N° 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.
Los antecedentes del caso constatan que las mujeres fueron privadas de su libertad el 6 de abril de este año, durante el allanamiento de una vivienda, ubicada en el barrio Santa Mónica del kilómetro 14 del municipio mencionado, de donde fueron rescatadas las víctimas, quienes quedaron en un hogar de niños.
Denuncia desde Fono Ayuda
La investigación arrancó el 21 de febrero de 2019, a través de una acción formulada por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que mediante el sistema Fono Ayuda 147 recibió la denuncia.
Posteriormente, la Fiscalía Especializada y agentes del Departamento de Antitrata de Personas comenzó a realizar un seguimiento vigilado, con grabaciones y tomas fotográficas a la vivienda, donde las niñas presuntamente eran abusadas.
Durante la pesquisa, se logró detectar que la vivienda era frecuentada por hombres que llegaban al sitio en motocicletas, y al cabo de 30 minutos o una hora salían nuevamente del lugar, después de mantener supuestamente relaciones sexuales con las víctimas.
Después del rescate de las niñas se pudo corroborar mediante la inspección médica-física la falta de cuidados e higiene en ellas.
Por otro lado, el examen ginecológico constató los abusos que sufrían algunas de las víctimas, por parte de los hombres que frecuentaban el lugar. Con respecto a la educación que recibían las niñas, ninguna estaría acorde con la edad por la falta de acompañamiento e interés de las acusadas.
Los fundamentos de la acusación sostienen que las mujeres tuvieron participación directa como coautoras de los hechos punibles de abuso sexual, proxenetismo y violación del deber del cuidado o educación, en base a las informaciones recolectadas, informó el Ministerio Público.
