Carlos Fernández, uno de los ciudadanos miembros de la Contraloría Ciudadana, refirió a RDN que tuvieron dificultades para acceder al balance de la administración y que en ese entonces detectaron ciertas irregularidades.
Posteriormente, al solicitar informes adicionales, los documentos fueron negados por la comuna, por lo que tuvieron que acudir vía acceso a la información pública, sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas.
Las denuncias son por obras fantasmas, empresas maletín, conflictos de intereses, y señalan, además, que se conformó una Comisión Especial de Eventos, la que consideró se dio de manera irregular.
Fernández mencionó que a esta comisión se le trasfirió la suma de G. 1.400.000.000, aparentemente para organizar la Expo Ñemby, entre otros eventos, sin embargo, tampoco conocen el uso de ese dinero.
Añadió, que renunció el presidente de esa comisión una vez que ellos pidieron la rendición de cuentas.
Denuncia ante la Fiscalía
Por otro lado, el abogado Pedro Duarte indicó que la denuncia en concreto es por lesión de confianza, asociación criminal y enriquecimiento ilícito, contra el intendente Lucas Lanzoni.
La denuncia fue radicada en la Unidad 2, de Delitos Económicos a cargo de la fiscal Liliana Alcaraz. Explicó que la misma fue hecha el pasado 21 de mayo y consideran que el Ministerio Público no está actuando.
Detalló, que en base a sus investigaciones y al pedido de informes que no les dieron, recurrieron a la Contraloría General de la República, y retiraron la rendición del balance 2019.
Se percataron que se transferían dinero de los royaltíes a comisiones vecinales para la realización de obras, sin embargo, estas niegan haber recibido dinero y en los documentos contaban con firmas falsas de los presidentes y tesoreros de las organizaciones.
Indicó que existen alrededor de 64 comisiones y que algunas aparentemente recibieron hasta tres transferencias durante un año.
Añadió, que una conclusión de ellos es que el dinero fue trasferido a cuentas privadas basándose a que aparecen empresas ligadas a familiares ligados al jefe comunal, específicamente existen facturas con las que se alegó la realización de las obras.
En otro momento, el abogado solicitó que la Fiscalía actúe y que hagan un seguimiento a las investigaciones.
Refirió que el lunes ampliaron la demanda por transgresión a la ley 2523 del año 2004. Por el supuesto hecho punible de administración en provecho propio y lavado de dinero.
En el contexto de las denuncias, ciudadanos de la referida ciudad se manifestaron en las últimas semanas.
