El Presidente de la República Mario Abdo Benítez firmó el Decreto 3.867, por el cual objetó totalmente el proyecto de ley que modificaba un artículo de la normativa que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas.
Con la ley se elevaba a 40% la preferencia de los productos nacionales en las contrataciones públicas. El veto total fue dado a conocer en horas de la noche del viernes, con lo que el documento vuelve al Congreso Nacional, donde será tratado nuevamente.
Ante esta situación, varios gremios demostraron su apoyo a la decisión del Ejecutivo, ellos son el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) y la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA).
“El citado proyecto no respeta el derecho a la igualdad de oportunidades consagrado en nuestra Constitución Nacional, ni la defensa de la competencia en los mercados y tendrá una afectación muy negativa a importantes sectores de nuestra economía -como el Sector Importador- que generan cuantiosas recaudaciones fiscales y ocupación de mano de obra, a través de su importante cadena de valor que incluye a profesionales y trabajadores, en forma directa e indirecta”, menciona parte del escrito del CIP.
Por su parte, la CNCSP exhorta al Congreso Nacional a aceptar el veto “para de esta manera respetar el derecho a la igualdad de concurrencia para no generar distorsiones a la competencia con el aumento de la competitividad desleal contra un sector que siempre contribuyó con la economía nacional, tanto en la recaudación impositiva (gran parte de la recaudación nacional proviene de la Aduana por las importaciones), como también en la generación de empleo”.
En cuanto a la CADAM, apunta que en la ley solamente tenía en cuenta beneficios para un sector de la economía. “Manifestamos nuestro reconocimiento a las Autoridades Nacionales, quienes, a través del citado decreto del Poder Ejecutivo, sentaron fundamentos suficientes para la objeción total del proyecto”.
CRIPFA hace referencia a que la ley no respeta el derecho a la igualdad de oportunidades consagradas en la Constitución Nacional. “Queremos manifestar que la decisión del Congreso contraviene totalmente la estrategia nacional de impedir los obstáculos al libre comercio, de fomentar las inversiones internacionales y el crecimiento del País a través de la educación y la innovación”, apunta un fragmento del escrito.
El exmnistro de Hacienda, el economista César Barreto, también se expidió sobre la decisión tomada por el Ejecutivo. “Buena decisión. La industria y la producción nacional es muy competitiva. Ya tiene un alto margen de preferencia del 20% en las compras del Estado. La competencia extranjera genera incentivos a innovar e invertir para mejorar calidad y reducir costos”, publicó en redes sociales.
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