El exgerente general César Rodrigo Amarilla es quien se encuentra sometido a juicio oral y público de un caso que data de hace varios años.
De acuerdo a la acusación, a través de la “Financiera Karakú SRL” se cometió un perjuicio de G. 401.300.236 a las arcas de la Caja Bancaria. La cifra incluso podría ascender a los G. 3.791.490.072, de acuerdo a lo reportado por ABC Color.
Según el medio citado, durante el inicio del juicio se dio un hecho que se presta a la sospecha, por parte del presidente del Tribunal de Sentencia, Elio Rubén Ovelar.
El magistrado habría preopinado mostrándose a favor del acusado, cuando le preguntó al auditor Luis Saldívar, testigo en el proceso, si es o no lícito refinanciar créditos a través de una financiera o un banco, un préstamo de la Caja de Jubilados, a lo que el profesional respondió que no era ilícito, porque se recupera el capital, además de los intereses.
“Si se hace esa operación con un banco, financiera o cooperativa es lícito, pero se hace con Karakú, es ilícito”, agregó luego Ovelar, lo que representa una preopinión de acuerdo al medio citado.
Lo que el juez no tuvo en cuenta consiste en que las investigaciones indican que Karakú es una firma considerada de “maletín” y que el propietario era el mismo gerente general en ese momento, es decir César Rodrigo Amarilla.
De acuerdo a la acusación, la misma firma utilizaba los fondos de la Caja Bancaria para conceder nuevos créditos a los jubilados para cancelar préstamos anteriores, con tasas de entre el 9% a 10%, sin embargo los intereses que la firma percibía ya no retornaban a la institución.
El proceso había comenzado en enero de 2017 e incluía además al presidente de la institución José Antonio Caballero Bobadilla, además de los miembros del consejo directivo Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz, sin embargo solo Amarilla llegó a juicio.
