El Juzgado de Delitos Económicos estipuló la inhibición general de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles del gobernador de Central, Hugo Javier González y de los otros 14 imputados por las supuestas irregularidades en el uso de recursos de la institución.
El fiscal Rodrigo Estigarribia comentó a C9N que la medida precautelar tiene por fin velar el patrimonio del Estado. “Si es que se llega a demostrar el perjuicio patrimonial, a los efectos de la reparación del daño que queda a cargo de las autoridades competentes”, expresó el agente fiscal.
Mencionó que inicialmente se hablaba de producción de facturas e irregularidades administrativas, pero que eso cambió conforme al avance de la investigación.
“Tenemos suficientes elementos de sospecha hoy, para sostener que supuestamente se pagaron rubros sobre obras que ya se habrían realizado anteriormente”, destacó.
Aclaró que un buen trabajo lleva su tiempo, por lo que tendrán en cuenta todas las hipótesis del caso y que la imputación no se dio por presión de la prensa, sino que esperan que las tareas den sus frutos dentro de unos años y que los verdaderos responsables paguen por lo cometido.
Ante la consulta de por qué no se ordenó la prisión preventiva del exlocutor, aseguró que dicha medida no es una pena anticipada.
“No puedo sostener que hay un peligro de fuga en este estadio de la investigación, la documentación y elementos de sospecha ya están dentro del cuaderno de investigación a disposición de las partes”, agregó.
Dijo, además, que la medida cautelar es para asegurar que los investigados se sometan al proceso.
Las imputaciones fueron por presuntos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
