El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Oscar Orué, confirmó que dispuso la apertura una fiscalización al contribuyente Amílcar Fretes con base en las publicaciones realizadas sobre un acuerdo privado entre el abogado y el hijo de Kassem Hijazi, en que se menciona un cobro multimillonario.
En la fiscalización se analizarán los documentos contables del letrado de los últimos cinco años.
Fretes debe poner a disposición de la SET la documentación respectiva tanto sus libros de compras y ventas del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y también ver si le corresponde el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), teniendo en cuenta de que es una persona que trabajaba en la Itaipu.
“En esencia no debe él no es contribuyente de IVA, porque él tenía un contrato laboral ahí (Itaipu), pero si él, ejercía la profesión tenía que haber estado inscripto como contribuyente del Impuesto al Valor Agregado”, explicó Orué en contacto con ABC TV.
Según lo estipulado por Ley, la SET tiene 45 días para terminar esta intervención, y en caso de hallar alguna irregularidad en los documentos, los mismos serían derivados a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y al Ministerio Público, para que inicien algún tipo de investigación por su parte.
Antecedentes
El polémico caso que involucra al abogado Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, se trata de un contrato y el “pago” por parte de familiares de Kassem Mohamad Hijazi, para que se frene su extradición a los Estados Unidos.
Fretes habría recibido la suma de G. 2.545 millones, unos USD 368.000, nueve días después de que un juez ratificara al proceso de extradición de Hijazi a los Estados Unidos.
El hecho desató una polémica, debido a que varias autoridades y referentes políticos exigieron la destitución del presidente de la CSJ, Antonio Fretes.
En una entrevista con ABC TV, Amílcar Fretes, contó que firmó un contrato para dar asistencia legal a Kassem Hijazi, pero que se apartó del caso al determinar que no había forma de evitar la extradición. Negó haber cobrado el dinero y afirmó que su padre no tenía conocimiento sobre el acuerdo.
