Estado obligado a desalojar Regimiento por insólito fallo judicial

Un fallo judicial ordenó al Estado desocupar un inmueble ocupado por el Regimiento Escolta Presidencial y, además, pagar aproximadamente G. 2.016 millones por un concepto denominado “lucro cesante”.

Este insólito caso comenzó cuando la Procuraduría General de la República (PGR) intentó, en 2011, regularizar una ocupación que data de hace más de 40 años en un terreno de 942 metros cuadrados, ubicado en una zona estratégica de Asunción.

La sorpresa llegó cuando el exsenador oviedista Víctor Galeano Perrone apareció reclamando ser el propietario del inmueble, revirtiendo así la demanda inicial del Estado a su favor.

#ALaGran730 Insólito fallo judicial contra el Estado Paraguayo para pagar y desocupar sede militar.

En el reclamo apareció como propietario el exsenador oviedista Víctor Galeano Perrone, quien solicita el pago de 2.016 millones de guaraníes por «lucro cesante».

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El terreno, que actualmente alberga infraestructuras vitales del Regimiento Escolta Presidencial, incluyendo la banda militar, el pelotón de transporte y otras instalaciones, fue parte integral de las operaciones de las Fuerzas Armadas de la Nación por más de tres décadas.

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Sin embargo, la Justicia dictaminó que el Estado deberá abandonar estas instalaciones y compensar económicamente a Perrone.

Lo controversial del caso radica en que Perrone adquirió la propiedad cuando ya era sede del Regimiento, lo que generó dudas sobre la legitimidad y la moralidad de su reclamo. A pesar de que el inmueble ya estaba ocupado por la dependencia militar, Perrone afirmó en su defensa que la posesión del terreno por parte de las Fuerzas Armadas se debió al uso de la fuerza.

#ALaGran730 El diputado Roberto González, ex ministro de Defensa Nacional, se pronunció acerca del fallo judicial en contra del Estado, que dispone desocupar parte del Regimiento Escolta Presidencial.

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La decisión judicial, firmada por la exjueza Julia Rosa Alonso, no solo implica la desocupación del espacio, sino también una indemnización basada en un arrendamiento retroactivo desde 1994, que asciende a la suma de G. 2.016 millones al 2023. Este monto fue calculado en base a un arrendamiento de G. 72 millones por año.

El caso, actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría General apeló el fallo, y la sociedad paraguaya espera con expectación el desenlace de este complejo litigio.

Fuente: ABC.