Indígenas reclaman justicia ante negligencia estatal

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) expresó su profundo rechazo y preocupación ante la reciente declaración de insolvencia por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Esta declaración, que afecta directamente a las comunidades originarias del país, se suma a una larga lista de negligencias y olvidos por parte de las autoridades estatales, profundizando la brecha entre las promesas gubernamentales y la realidad de estos pueblos.

El comunicado del Indi, publicado en redes sociales el martes, reveló una falta de presupuesto para atender las necesidades básicas de los pueblos originarios para enero de 2024. Esta noticia, que generó un aluvión de críticas, fue posteriormente eliminada de las plataformas digitales de la institución, pero el daño ya estaba hecho.

Ignorados en el discurso de inicio del presidente Santiago Peña, quien sin embargo buscó votos entre comunidades indígenas, ahora vemos que la institución que debe defendernos sigue la misma línea del gobierno nacional, a pesar de que venimos reclamando que mejore el presupuesto.

— Anivid (@anividpy) January 3, 2024

La situación de los pueblos indígenas en Paraguay es crítica. La falta de acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la vivienda adecuada es un reflejo de la marginación sistemática que enfrentaron durante décadas.

Anivid destaca que mientras las familias de políticos viven con comodidades financiadas por el dinero público, las comunidades indígenas luchan por sobrevivir en condiciones precarias.

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Esta lamentable realidad es un claro indicador del desinterés y la falta de compromiso del Estado para con sus ciudadanos más vulnerables. La negligencia no solo afecta las necesidades básicas, sino también ignora el valor cultural y social de estas comunidades, que son parte fundamental de la riqueza y diversidad de Paraguay.

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Diana Vargas, reconocida abogada en Derechos Humanos, calificó la situación como vergonzosa y un acto de sinceridad involuntaria por parte de las autoridades, que deberían proteger y promover los derechos de los pueblos originarios.

La Anivid insta a las autoridades legislativas y ejecutivas a asignar un presupuesto adecuado y mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de velar por los derechos indígenas.

Fuente: Última Hora.