A 17 años de la promulgación de la Ley N° 2507/2006, los estudiantes aún no pueden acceder al beneficio del medio pasaje en el transporte público. La Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) denuncia que las empresas no entregan las tarjetas y el gobierno busca soluciones.
El medio pasaje estudiantil es un derecho establecido por la Ley N° 2507/2006, ganado tras protestas estudiantiles en la década del 2000. La normativa obliga a los estudiantes a pagar la mitad de la tarifa en transporte público, facilitando su acceso a la educación.
Los alumnos deben acreditar su condición con el “boleto estudiantil”, otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), válido durante un año lectivo. Inicialmente, se utilizaba un carnet y un bono estudiantil, pero desde el 2019 se implementó el billetaje electrónico para modernizar el proceso.
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A pesar del billetaje electrónico, los estudiantes enfrentan dificultades para obtener sus tarjetas. Empresas operadoras como Epas y TDP son responsables de su entrega, pero en los últimos años se han reportado problemas de suministro, dejando a miles de alumnos sin acceso al medio pasaje.
Las clases se inician mañana, oficialmente, y el panorama para los estudiantes es incierto. Aylen Barreto, actual representante del Fenaes, mencionó que recibió recientemente la promesa del gobierno de que recibirán las tarjetas faltantes, cuyo costo asumirá el MEC.
En paralelo, se crearía una aplicación para que los estudiantes puedan pagar con su celular el medio pasaje. Hasta el momento, no se tuvieron novedades del cumplimiento de los dos puntos prometidos para garantizar el medio pasaje.
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Fenaes y Opama denuncian una falta de voluntad política para garantizar el derecho al medio pasaje. A pesar de promesas del gobierno, aún no se han entregado las tarjetas faltantes, afectando la economía de las familias y dificultando el acceso a la educación.
La falta de acceso al medio pasaje representa un retroceso y un golpe a la economía familiar, especialmente en un contexto de crisis económica.
Es urgente que el gobierno tome medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar este derecho fundamental para los estudiantes.
Fuente: ABC
