Acceso a la información pública: sistema opaco y nuevas restricciones

El acceso a la información pública sobre los funcionarios del Estado se encuentra en una situación preocupante: el sistema de datos públicos no ha sido actualizado en lo que va del año 2024, y las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de Santiago Peña dificultan aún más la solicitud de información.

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El sistema de información pública, que en años anteriores se actualizaba con un máximo retraso de dos semanas, no presenta ningún dato cargado para los meses de enero y febrero de este año.

Esta falta de actualización imposibilita el conocimiento de las movidas en cuanto a nuevos funcionarios, bajas y demás dentro del aparato estatal.

En los últimos meses, varios casos de nepotismo o tráfico de influencias en el ámbito público han salido a la luz gracias al acceso a la información pública.

Estos casos, como los de los hijos de Silvio Beto Ovelar y Pedro Alliana, ambos altos funcionarios del Estado, generan indignación en la ciudadanía y ponen de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública.

El gobierno de Santiago Peña ha implementado nuevas restricciones para la solicitud de información pública, exigiendo la obligatoriedad de contar con la identidad digital.

Esta medida, criticada por organizaciones como IDEA, limita el derecho de acceso a la información, ya que dificulta el proceso para aquellos que no deseen revelar su identidad por diversos motivos.

¿Qué hicieron con el Portal Unificado de Acceso a la Información @Miticpy?
¿Saben que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano?
¿No lo saben? Lean, por favor, el Acuerdo y Sentencia 1306 del 15/10/2013 de la Sala Constitucional de la Corte integrada por… pic.twitter.com/VTJDaJmXKR

— Ezequiel Santagada (@EFSantagada) February 21, 2024

La falta de actualización del sistema de información pública y las nuevas restricciones impuestas por el gobierno representan un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información.

Es fundamental que las autoridades reconsideren estas medidas y garanticen el derecho de la ciudadanía a conocer sobre las actividades del Estado.

Fuente: ABC Color