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Cámara analizará condena de exgobernador Núñez por millonario perjuicio

Tribunal de Apelaciones de Villa Hayes analizará pedido de nulidad de condena de 11 años de cárcel al exgobernador Oscar Núñez por perjuicio de G. 42 mil millones.

Foto: El Observador

El Tribunal de Apelaciones de Villa Hayes, integrado por los magistrados Carlos Escobar, María Elena Acevedo y Jazmín Ortiz, se dispone a analizar el recurso interpuesto por el exgobernador de Presidente Hayes, Oscar Núñez, quien solicita la nulidad de su condena de 11 años de prisión. El fallo, dictado en juicio oral, se fundamenta en el perjuicio de 42 mil millones de guaraníes causado al Estado paraguayo.

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En el mismo proceso, el exgobernador Emigdio Benítez fue sentenciado a 7 años de penitenciaría por su participación en el colosal daño patrimonial infligido a la gobernación. Si bien se especula sobre una posible injerencia política en el caso, esta no tuvo efecto en la instancia inicial. Ahora, la confirmación o anulación de la sentencia recae en manos de los magistrados Escobar, Acevedo y Ortiz, quienes ejercen en la circunscripción de Villa Hayes, zona de influencia de los condenados.

En su escrito de apelación, Núñez critica duramente la decisión del Tribunal presidido por Elsa García y compuesto por Claudia Criscioni y Cándida Fleitas. Solicita a la Cámara su sobreseimiento definitivo por los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, alegando prescripción. Además, requiere la realización de un nuevo juicio oral por el hecho punible de administración en provecho propio.

La defensa del exgobernador argumenta que las pruebas presentadas no pudieron generar el convencimiento judicial condenatorio, conforme a las reglas de la sana crítica. Sostiene que la fundamentación deficiente del Tribunal vuelve arbitraria e infundada la sentencia. Asimismo, alega afectaciones a la congruencia entre el auto de apertura a juicio y el fallo, confusión en cuanto a recesos y suspensiones, prescripción parcial de ciertos hechos, falta de competencia funcional del Tribunal de Sentencia, pérdida de imparcialidad y afectación a las reglas de la sana crítica, entre otros aspectos.

Por su parte, el fiscal Luis Said solicita a la Cámara de Apelación que confirme las condenas impuestas tanto a Oscar Núñez como a Emigdio Benítez. Afirma que el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente las reglas de la sana crítica y valoró todas las pruebas presentadas durante el juicio oral, las cuales formaron su convicción al dictar la resolución condenatoria. En consecuencia, pide el rechazo de los recursos de apelación.

Said refuta los argumentos esgrimidos por la defensa de Núñez, señalando que los hechos juzgados no han variado a lo largo del proceso y que las suspensiones fueron causadas por planteamientos dilatorios de las propias defensas. Además, destaca la facultad del Tribunal para interrogar a testigos y peritos, así como la adecuada fundamentación de las penas impuestas.

La defensa de los condenados Emigdio Benítez y Nancy Núñez también apelaron la sentencia con argumentos similares. Sin embargo, el fiscal Luis Said sostiene que el Tribunal de Sentencia ha aplicado correctamente las reglas de la sana crítica y ha valorado todas las pruebas presentadas, por lo que solicita el rechazo de los recursos.

El caso, que involucra a altos funcionarios de la gobernación de Presidente Hayes, ha generado gran conmoción debido a la magnitud del perjuicio causado al erario público. Los fondos desviados estaban destinados a comunidades indígenas, entre otros fines sociales. La decisión de la Cámara de Apelación de Villa Hayes será clave para determinar si se confirman las condenas o se anulan los fallos, lo que podría derivar en nuevos juicios orales.

La Fiscalía mantiene su postura firme, solicitando la ratificación de las penas impuestas por el Tribunal de Sentencia. Argumenta que las pruebas presentadas fueron contundentes y que los magistrados actuaron conforme a derecho al dictar las sentencias condenatorias.

Ahora, la última palabra la tendrá la Cámara de Apelación, cuya resolución es aguardada con gran expectativa por la ciudadanía, que exige justicia ante este caso de corrupción que ha perjudicado gravemente a las arcas del Estado.

Fuente: El Observador