MOPC adjudica millonaria obra a empresa mexicana denunciada por fraude

Durante la jornada de Gobierno del presidente Santiago Peña en Amambay, la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció la adjudicación de la “ruta de la soberanía”, que conectará los departamentos de Amambay y Canindeyú por un monto cercano a los USD 200 millones.

La obra, que abarca el tramo Pedro Juan Caballero – Zanja Pyta – Capitán Bado – Itanará – Ypejhú, fue otorgada en cuatro lotes mediante la resolución Nº 1.081.

#RutaDeLaSoberanía Gobierno adjudica construcción de la «Ruta de la Soberanía» entre Amambay y Canindeyú.

Se trata de uno de los proyectos más grandes del Estado paraguayo, indicó la ministra del @mopcparaguay, @clacent

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— Paraguay TV (@ParaguayTVHD) June 21, 2024

Sin embargo, el proceso de adjudicación ha sido objeto de controversia debido a que uno de los lotes fue concedido a la empresa extranjera Calzada Construcciones SA, la cual ha sido denunciada por falsificación de documentos en Perú. Este hecho ha llevado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a iniciar una investigación de oficio sobre la licitación.

Según la denuncia recibida por la DNCP, Calzada Construcciones SA habría incurrido en prácticas similares en nuestro país para poder participar en la licitación de la ruta de la soberanía, presuntamente ocultando sus antecedentes en el país andino en los documentos oficiales presentados. La firma extranjera, que aún no está inscrita como proveedora del Estado en la DNCP, se adjudicó el lote 3 por un monto de G. 384.595 millones.

La licitación de la ruta de la soberanía se rige por las políticas de adquisiciones de Fonplata, entidad financista de la obra, y por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. En este marco, las empresas participantes deben suscribir declaraciones en las que afirman no haber participado en prácticas prohibidas. Sin embargo, la denuncia presentada ante la DNCP sugiere que Calzada Construcciones habría tergiversado estas declaraciones para poder participar en el proceso.

Ante las consultas realizadas por ABC Color, la ministra Claudia Centurión se limitó a señalar que la empresa Calzada no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el pliego de bases y condiciones de la licitación, y que el MOPC se ajusta estrictamente a la legislación y las condiciones establecidas en el proceso. No obstante, evitó pronunciarse sobre la investigación iniciada por la DNCP.

La adjudicación de los otros tres lotes fue para estos consorcios: el lote 1 fue otorgado al Consorcio TC, conformado por Construpar SA y Tecnoedil SA Constructora, por G. 391.554 millones. El lote 2 se concedió al Consorcio TEC, integrado por Ecomipa SA, Concret Mix SA y Tocsa SA, por G. 349.929 millones. Por último, el lote 4 fue adjudicado al Consorcio Soberano, constituido por Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), Constructora Isacio Vallejos SA y Rovella Carranza SA sucursal Paraguay, por G. 327.452 millones.

La investigación iniciada por la DNCP arroja sombras sobre el proceso de adjudicación de la ruta de la soberanía, especialmente en lo que respecta a la participación de Calzada Construcciones SA. La falta de transparencia en torno a los representantes de la firma mexicana y los antecedentes de falsificación en Perú generan interrogantes sobre la idoneidad de la empresa para llevar adelante una obra de tal envergadura.

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La ruta de la soberanía es una oportunidad para impulsar el desarrollo y la integración de los departamentos de Amambay y Canindeyú, pero para ello es imprescindible que el proceso de adjudicación y ejecución de la obra esté libre de cuestionamientos y se lleve a cabo con la más alta integridad y transparencia. Solo así se podrá garantizar que los beneficios de este proyecto lleguen realmente a la población y contribuyan al progreso de la región.

Fuente: ABC Color/RDN