Comisión “garrote” exige datos que el Estado ya posee, aseguran

Yan Esperanza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, denunció que la Comisión Bicameral “antilavado” está pidiendo información que ya está en manos del Estado. Según el director, exigir detalles como los salarios de los colaboradores de las organizaciones no gubernamentales (ONG) es un abuso de poder. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de la polémica sobre las solicitudes de información hechas por la comisión del Congreso.

El reclamo surge en medio de la controversia por la narrativa que la comisión bicameral, controlada por el oficialismo cartista, intenta instalar, al señalar que las ONG podrían estar implicadas en financiamiento político irregular. Las organizaciones de la sociedad civil han salido al paso, denunciando que la comisión busca desprestigiar su labor y presentarlas como una amenaza para la democracia.

Aunque la Fundación Moisés Bertoni no forma parte de las organizaciones que emitieron el comunicado en defensa de las ONG, Esperanza se mostró a favor de lo expresado. Señaló que las ONG tienen derecho a intentar incidir en las decisiones del Estado, pero aclaró que no son parte de la gobernanza ni toman decisiones políticas.

El director insistió en que exigir información confidencial sobre los salarios de los colaboradores es innecesario y un claro abuso de poder, ya que el Estado, a través de entidades como el Ministerio de Economía y el Instituto de Previsión Social (IPS), ya cuenta con esos datos. “Lo que la comisión busca es hacer públicos datos privados de los colaboradores, lo cual es una violación de la privacidad garantizada constitucionalmente”, agregó.

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Asimismo, reiteró que la fundación ha entregado toda la información requerida por el Estado, incluidos los pagos realizados a empresas por servicios, y recalcó que la privacidad de los colaboradores debe ser respetada.

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Finalmente, Esperanza criticó el enfoque de la Comisión Bicameral, afirmando que, en lugar de investigar temas relevantes, se está desviando hacia una persecución política que no contribuye al fortalecimiento de la democracia en Paraguay.

Fuente: ABC Color