Destituyen a director y funcionarios de penal de Villarrica tras intento de fuga

El Ministerio de Justicia tomó medidas disciplinarias contra seis funcionarios de la penitenciaría regional de Villarrica, incluyendo a su director Denis Remigio Caballero Godoy, tras un intento fallido de liberación de cinco presuntos narcotraficantes brasileños. Los reclusos estarían vinculados a la organización criminal liderada por el prófugo uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Insfrán, principales objetivos de la operación A Ultranza Py.

Los funcionarios apartados incluyen al jefe de seguridad Blas Cáceres, el superior de guardia Hugo Báez, el oficial de guardia Ángel Villalba, el auxiliar de la sección judicial Joel López, y el encargado del portón Víctor Torres. La designación del exdirector Caballero, quien se desempeña principalmente como acordeonista, habría respondido a cupos políticos otorgados por la gobernación del departamento de Guairá.

El incidente involucra a los reclusos brasileños Bruno Wesley Borges Amador, Glauber Fernández Dubal, Jonathan Da Silva Brum, Adalberto Ribeiro Machado y Rhuan Da Silva Aires, quienes fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá. Los extranjeros permanecían detenidos desde el 23 de febrero de 2024, cuando fueron capturados junto a cinco ciudadanos bolivianos durante la operación Halcón 3 en una pista clandestina del Chaco paraguayo.

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El intento de fuga se produjo mediante un oficio judicial falsificado, supuestamente firmado por la jueza de Luque, Lilian Rosaura Flores Negri. A pesar de los evidentes errores en el documento, los funcionarios penitenciarios procesaron la liberación, siendo el director Caballero quien tramitó personalmente el procedimiento en un horario inusual, cerca de las 21:00 horas. La liberación fue frustrada en la oficina del departamento Judicial de la Policía Nacional.

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El Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) detuvo a dos personas identificadas como Arturo David Galeano Contrera y Ángel Gabriel Poisson Buscio, quienes se habrían presentado como abogados para gestionar la liberación. Poisson Buscio, un exguardiacárcel desvinculado por sospechas de corrupción, habría actuado como nexo en el operativo, mientras que Galeano Contrera alegó haber sido contratado únicamente como conductor.

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Las investigaciones, lideradas por la fiscala Gladys Elena Jiménez de Ruiz, se centran ahora en identificar a los organizadores del intento de fuga, con las sospechas dirigidas hacia miembros o exintegrantes de la organización de Sebastián Marset. El caso ha expuesto graves vulnerabilidades en el sistema penitenciario y la necesidad de revisar los procesos de designación de personal.

Fuente: ABC Color