El Ministerio Público solicitó el desistimiento de la causa conocida como “avión iraní” al no encontrar pruebas que vinculen la operación con el financiamiento del terrorismo. El pedido fue presentado por los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de la jueza Lici Sánchez.
La investigación comenzó en 2022 tras la llegada de un avión de la empresa venezolana Emtrasur al Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú. La aeronave transportaba 7.086 cajas de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), exportadas a Tabacos USA Inc. en Aruba. En ese momento, se sospechaba que los 18 tripulantes, entre ellos siete iraníes, podían estar vinculados a grupos terroristas.
El caso cobró relevancia por denuncias presentadas por Gustavo Sandoval y el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández. Según los denunciantes, la operación comercial encubría una red de financiamiento de terrorismo. Sin embargo, tras más de dos años de pesquisas, la Fiscalía determinó que no existen elementos que prueben la comisión de delitos relacionados con terrorismo o lavado de dinero.
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Los investigadores analizaron los antecedentes de la tripulación y concluyeron que ninguno de los 18 tripulantes tenía órdenes de captura internacional ni vínculos con actividades ilícitas. Además, la aeronave ingresó con autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y transportaba una carga debidamente documentada, con permisos fitosanitarios y aduaneros en regla.
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Asimismo, la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) corroboró, mediante cooperación internacional, que los tripulantes no estaban ligados a organizaciones terroristas. Si bien dos personas vinculadas a la causa tenían antecedentes penales en Paraguay, estos no estaban relacionados con terrorismo ni con la operación investigada.
Con base en estos hallazgos, la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados no constituyen delitos de asociación terrorista ni financiamiento de terrorismo, por lo que pidió el cierre del caso. La jueza Lici Sánchez deberá decidir si acepta la solicitud y archiva definitivamente la causa.
Fuente: ABC Color
