En un operativo simultáneo realizado este lunes, fiscales del Ministerio Público allanaron cinco juzgados de Paz de Asunción en el marco de la investigación del esquema de estafa conocido como la “Mafia de los pagarés”. Este esquema opera mediante la reutilización de pagarés ya cancelados pero no retirados por los firmantes, dando inicio a juicios fraudulentos en su contra.
El primer procedimiento tuvo lugar en el juzgado de paz de La Encarnación, ubicado en las calles Isabel La Católica y Mariano Roque Alonso. La fiscala Belinda Bobadilla lideró el operativo, en busca de documentos y dispositivos electrónicos que puedan servir como evidencia para avanzar en las investigaciones.
▶️QUE TERMINE ESTA PODRIDA MAFIA |
La Fiscalía allanó 5 juzgados de Capital tras denuncias de cobros irregulares en el caso de la mafia de los pagarés.⚖️
Las notificaciones provenían de juzgados de La Encarnación, San Roque, La Recoleta y Catedral 1.° y 2.° turno.… pic.twitter.com/uvqGZWqYew
— DELPY (@delpynews) February 10, 2025
De manera simultánea, la fiscala Luz Guerrero encabezó el allanamiento en el juzgado de La Catedral 1° Turno, ubicado en la misma dirección. Por su parte, el fiscal Leonardi Guerrero realizó diligencias en el juzgado de La Catedral 2° Turno, situado en Fulgencio Yegros y Samudio Corrales. Los procedimientos continuaron en los juzgados de San Roque y La Recoleta, liderados por Jorge Arce y Natalia Silva, respectivamente.
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Durante los allanamientos, las autoridades incautaron documentos, teléfonos móviles y otros elementos que podrían vincular a jueces y funcionarios con el esquema delictivo. Según la investigación, algunos estudios jurídicos utilizaban los pagarés cancelados para iniciar juicios contra los firmantes, amparados por posibles irregularidades en los juzgados.
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Según el abogado Guillermo Ferreiro, esta estructura opera desde hace tiempo con total impunidad, involucrando a jueces, auxiliares de justicia y estudios jurídicos. La Corte Suprema de Justicia ya suspendió al juez de paz del distrito de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, por 30 días, tras una auditoría que evidenció anomalías en los expedientes.
Este caso ha derivado también en sumarios administrativos contra otros jueces y funcionarios judiciales implicados. Las investigaciones buscan determinar el alcance de la red y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.
Fuente: Última Hora
