Yamy Nal exige declaración jurada a periodistas tras críticas

La senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, solicitó públicamente que los periodistas presenten declaración jurada de bienes, luego de que medios de comunicación revelaran supuestos privilegios que gozaría su hijo Giovanni Paolo Divitto Aquino en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según las publicaciones periodísticas, el joven percibe un salario de más de G. 9 millones en su primer trabajo tras culminar el colegio, y presuntamente llega a distintos horarios, se ausenta y dispone de tiempo para asistir al gimnasio durante la jornada laboral.

En su reacción a estas informaciones, la parlamentaria cartista manifestó que “todos los ciudadanos y funcionarios públicos están obligados a tributar y a realizar su declaración jurada, menos los periodistas”.

Todos los ciudadanos y funcionarios públicos están obligados a tributar y a realizar su declaración jurada menos los «periodistas»(práctica inconstitucional art.47
y 48 C.N.)
Si bien tributan, el ciudadano común que les escucha o ve por T.V no vimos su DDJJ (declaración jurada)

— Abg. Yamy Nal (@AbgYamyNal) February 26, 2025

Esta afirmación omite que la Ley 7089/23 establece la obligatoriedad de la declaración jurada exclusivamente para funcionarios públicos, mientras que el sector privado, donde se desempeñan muchos comunicadores, está sujeto a diferentes mecanismos de control, incluyendo auditorías de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, además de que gran parte de los trabajadores de prensa cotizan en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La senadora Aquino, quien ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) por ataques a comunicadores, acusó a los periodistas de considerarse una “casta especial” y de “lanzar acusaciones al aire sin importar dañar la imagen y la moral de las personas”.

los periodistas se creen casta especial como no son funcionarios no están comprendidos pero son ciudadanos tb️emiten opiniones, son receptores de la información y tienen conflicto de intereses cuando dan tal o cual información por su linea periodistica, que si no es una fuente..

— Abg. Yamy Nal (@AbgYamyNal) February 26, 2025

En sus declaraciones, calificó a algunos comunicadores como “manga de forajidos” que “utilizan el periodismo para hacer lo que vende”, y cuestionó que estos se erijan como “jueces y fiscales” justificando sus acciones bajo la figura del derecho a la libertad de prensa pero «atropellando otros derechos».

La legisladora cuestionó los controles a los que están sometidos los periodistas, preguntando: “¿A ellos quiénes les controlan? ¿Quién audita lo que tienen?, ¿a quiénes rinden cuentas si ni siquiera declaración jurada hacen?”.

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Estas declaraciones pasan por alto que los periodistas, como todos los ciudadanos, están sujetos al marco legal vigente, pudiendo ser querellados por difamación, calumnia e injuria, mientras que los funcionarios públicos están sujetos al control ciudadano por ser electos por la población y recibir salarios provenientes de impuestos.

Apelando a la Constitución Nacional, la senadora citó los artículos 47 y 48, referentes a las garantías de igualdad, para fundamentar su postura. Sin embargo, no mencionó que el artículo 104 de la Carta Magna establece específicamente la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes y rentas para funcionarios públicos, dentro de los 15 días de haber tomado posesión del cargo y al cesar en él.

A pesar de esta clara distinción, Yamy Nal expresó: “Urge madurar la idea de hacer un proyecto de ley sobre esto y presentar al Ejecutivo para que nos acompañe”, sugiriendo extender esta obligación a personas que no perciben salarios del Estado.

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El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ha denunciado estos comentarios como nuevos ataques a la prensa, señalando específicamente “la tercera amenaza de la senadora Yamy Nal Aquino hacia la compañera Fiona Aquino”, periodista que reveló la información sobre el presunto planillerismo del hijo de la legisladora.

El gremio expresó su “más enérgica condena a estas prácticas violentas y recurrentes por parte de la parlamentaria”, situando estas declaraciones en un contexto de creciente presión hacia los comunicadores y la sociedad civil para desalentar la difusión de información que incomode al poder político.

Fuente: Última Hora