Detienen a policía por robo de armas en Criminalística

El suboficial inspector Alberto Benítez Caballero, de 38 años, perteneciente a la Comisaría 25° de la colonia Joayhu, distrito de Liberación (San Pedro), fue detenido en el marco de la investigación por el robo de nueve armas que estaban bajo resguardo en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. El agente fue entregado voluntariamente en la Comisaría 18° de Santa Rosa del Aguaray y posteriormente trasladado a Asunción, donde quedó a disposición del fiscal de Crimen Organizado, Cristhian Ortiz.

La detención de Benítez se da en medio de un escándalo institucional que involucra a varias dependencias policiales. El suboficial habría intentado comercializar una de las armas sustraídas, lo que encendió las alertas de los investigadores. La desaparición fue detectada oficialmente el 11 de marzo, cuando el Ministerio Público solicitó una de las evidencias, sin éxito. Posteriores revisiones revelaron que, además de esa, faltaban otras ocho armas de fuego, entre pistolas y revólveres.

Una de las armas robadas formaba parte del expediente del caso “Pavo Real”, una causa de lavado de activos vinculada al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, actualmente preso en Brasil. El hecho de que las evidencias de casos de alto perfil hayan desaparecido ha incrementado la gravedad del caso, al sugerir un posible encubrimiento o protección de redes delictivas desde el interior de la propia institución policial.

Las armas estaban bajo resguardo en la sede central de la Dirección General de Investigación Criminal, ubicada sobre la calle Azara en Asunción. La dirección de Criminalística estaba a cargo de la comisaria principal Antonia Zamphirolos de Velázquez, mientras que el área general responde al comisario general César Silguero Lobos. Ambos jefes policiales son objeto de investigación por su presunta responsabilidad, ya sea por acción directa u omisión de controles.

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El caso se mantuvo en reserva durante varios días hasta que fue revelado por el Ministerio Público. Todos los funcionarios asignados a Criminalística fueron puestos a disposición de la Fiscalía, incluyendo la entrega de sus teléfonos celulares. Un dato que genera controversia es que uno de los funcionarios habría sido trasladado de forma discreta antes de que se ejecutaran los procedimientos de verificación, sin el conocimiento previo de los fiscales intervinientes.

La causa fue abierta bajo la carátula de “quebrantamiento del depósito”, pero el Ministerio Público no descarta ampliar los cargos a “hurto especialmente grave” o “asociación criminal”, conforme avancen las investigaciones. La Fiscalía General conformó un equipo especial integrado por los fiscales Ortiz, Luis Amado Said Frágueda y Pamela Pérez Trinidad, para llevar adelante las diligencias. Se espera que en los próximos días se formalicen nuevas imputaciones y se amplíe el cerco a posibles cómplices.

Fuente: ABC Color