La jueza Lici Sánchez advirtió sobre los problemas institucionales que genera el creciente número de amparos judiciales que obligan al Ministerio de Salud a proveer medicamentos de alto costo a pacientes del sistema público. Según señaló en entrevista con ABC Cardinal, esta práctica está provocando una distorsión en las funciones del Poder Judicial, al convertir a los jueces en ordenadores de gastos.
El recurso de amparo es utilizado por personas que no consiguen acceder a tratamientos debido a la escasez de insumos en hospitales y centros de salud. Estos procedimientos legales, si bien están amparados en el derecho a la vida y la salud, trasladan a los jueces la responsabilidad de ordenar compras directas, sin considerar limitaciones presupuestarias ni los mecanismos regulares de adquisición del Estado.
Sánchez explicó que en su juzgado recibe hasta cuatro solicitudes por semana para ordenar la provisión de fármacos, muchos de ellos con precios que superan ampliamente los límites establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas. Algunos casos pueden implicar montos superiores a G. 2.000 millones para un solo paciente, lo que agrava la situación financiera del sistema de salud.
Otro punto crítico señalado por la magistrada es que varios medicamentos solicitados mediante amparos no están registrados ni autorizados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. En esos casos, los jueces se ven obligados a ordenar la compra de productos que no han pasado por los filtros técnicos y sanitarios del país, lo que puede derivar en situaciones de riesgo o irregularidades legales.
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La jueza insistió en que su función no es cuestionar diagnósticos médicos, sino garantizar que los pacientes accedan a tratamientos, aunque reconoció que el uso masivo del amparo genera desequilibrios institucionales y presupuestarios. Añadió que el Estado debería prever estos escenarios mediante una planificación eficiente y políticas públicas que aseguren el acceso a medicamentos esenciales sin necesidad de judicialización.
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Finalmente, planteó la necesidad de revisar la normativa vigente para establecer un marco que permita atender urgencias sanitarias sin comprometer las atribuciones del Poder Judicial ni el equilibrio financiero del sistema de salud pública.
Fuente: ABC Color
