La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra en el centro de una controversia tras realizar un homenaje a Miguel Óscar Bajac, exministro de la Corte Suprema de Justicia condenado a tres años de prisión por cohecho pasivo agravado. El reconocimiento, realizado en la residencia del vicedecano Carlos González, contó con la presencia de importantes autoridades como el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, y el procurador general de la República, Marco Aurelio González.
El acto, que según los organizadores pretendía distinguir la trayectoria docente de varios profesores de la facultad, ha generado repercusiones por incluir entre los homenajeados a un exministro hallado culpable de solicitar una coima de 50.000 dólares. La condena, dictada en julio de 2023, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en febrero del presente año, confirmando la culpabilidad de Bajac por intentar favorecer desde su posición en la Corte Suprema a una empresa privada en una demanda contra la Industria Nacional de Cemento (INC).
En declaraciones a ABC Cardinal, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, defendió el controversial reconocimiento argumentando que “no se trató de una condecoración” sino de “un homenaje a los docentes más antiguos” de la institución académica. Miranda subrayó que Bajac “tiene una trayectoria impecable como docente”, estableciendo una separación entre la condena judicial del exministro y su desempeño académico en la facultad.
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Miranda insistió en que la iniciativa surgió del cuerpo docente y que durante la organización del evento “no entramos a juzgar otros factores” ajenos a la actividad académica de los homenajeados. “No se trata de analizar en cada caso las cuestiones que hacen a las actividades de cada uno, en este caso nos circunscribimos exclusivamente a las actividades docentes”, manifestó el representante del Consejo de la Magistratura, intentando delimitar el alcance del reconocimiento.
El caso de cohecho que llevó a la condena de Bajac está vinculado a hechos ocurridos entre 2017 y 2018, cuando desde su posición como ministro de la Corte Suprema de Justicia solicitó 50.000 dólares para beneficiar a una empresa privada en un litigio contra la estatal Industria Nacional de Cemento. Esta conducta, tipificada como cohecho pasivo agravado, constituye uno de los delitos más graves que puede cometer un funcionario público, especialmente tratándose de un ministro del máximo tribunal de justicia del país.
Respecto a la situación judicial de Bajac, Miranda expresó: “Cada uno es responsable personalmente de sus actos, tengo entendido que el doctor se ha puesto a disposición de la Justicia y si recibió una sanción estará cumpliendo”. Esta declaración evidencia un intento de desvincularse institucionalmente de las implicancias éticas que conlleva homenajear a una persona condenada por corrupción, particularmente en un entorno académico dedicado a la formación de futuros profesionales del derecho.
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El vicepresidente del Consejo de la Magistratura también reveló que su participación en el acto tenía motivaciones proselitistas, ya que actualmente es candidato para representar a los docentes de universidades públicas en el Consejo. Esta admisión añade una dimensión política al evento, sugiriendo que el homenaje pudo haber servido como plataforma para la proyección de intereses electorales dentro del ámbito de la magistratura.
La situación plantea serios cuestionamientos sobre los valores éticos que se promueven en las instituciones educativas superiores, especialmente en una facultad de Derecho que debería ser un baluarte en la defensa de la integridad judicial y la lucha contra la corrupción.
El homenaje a un exministro condenado por cohecho envía un mensaje contradictorio a los estudiantes y a la sociedad, especialmente cuando proviene de una institución responsable de formar a las futuras generaciones de profesionales del sistema judicial.
Fuente: ABC Color