El caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci Albertini continúa sumido en un ambiente de incertidumbre y falta de transparencia tres años después de su muerte. Mientras Colombia logró procesar y condenar a los responsables materiales del crimen ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú, la investigación en Paraguay sobre quiénes ordenaron el magnicidio permanece herméticamente cerrada, incluso para la familia de la víctima, generando más interrogantes que respuestas.
La justicia colombiana actuó con celeridad y determinación al identificar y condenar a los autores materiales del crimen, incluido Francisco Correa Galeano, señalado como el cerebro operativo del asesinato, quien posteriormente fue ultimado en una cárcel colombiana en enero pasado. Correa había colaborado con las autoridades colombianas, obteniendo reducción de pena y proporcionando información crucial para identificar a otros implicados en el grupo criminal que ejecutó el plan.
▶️ BASTA DE IMPUNIDAD |
️Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, pidió una vez más justicia por el asesinato de su esposo.
«Reitero el pedido para la prensa, de no dejar de lado este caso, que ustedes también insistan con la investigación, que hagan ese llamado… pic.twitter.com/oyRoy4SPdA
— DELPY (@delpynews) May 10, 2025
Las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas apuntan claramente a que la orden del homicidio provino desde Paraguay. El entonces fiscal general de Colombia, Francisco Barboza Delgado, declaró a medios paraguayos en marzo de 2023 que habían resuelto “el 90% de esta investigación”, o incluso el “100%” de lo correspondiente a Colombia, indicando que la parte pendiente correspondía a la justicia paraguaya para determinar quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.
A pesar de estos avances en el país donde ocurrió el asesinato, la Fiscalía paraguaya mantiene bajo estricto secreto la carpeta fiscal que contiene los actos investigativos realizados para identificar a los responsables intelectuales. Esta situación ha generado una batalla legal por parte de los familiares de Pecci, quienes buscan respuestas concretas sobre el avance de la investigación en territorio paraguayo.
El 28 de junio de 2024, los hermanos de Marcelo Pecci solicitaron formalmente acceso a la carpeta fiscal, pero su petición fue rechazada al mes siguiente por el equipo fiscal integrado por Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y la adjunta Matilde Moreno. Este rechazo motivó a los hermanos, bajo el patrocinio del abogado Alfredo Enrique Kronawetter, a recurrir a la justicia para obtener autorización judicial que les permitiera participar y acceder a la información sobre la causa.
El camino legal recorrido por la familia Pecci ha sido arduo y hasta ahora infructuoso. El 30 de diciembre del año pasado, el juez penal de Garantías Yoan Paul López rechazó la petición mediante el Auto Interlocutorio N° 709. Esta decisión fue apelada por los hermanos, pero el 3 de abril pasado, el Tribunal de Apelación en lo penal, tercera sala, ratificó la negativa a través del AI N° 72, manteniendo el bloqueo al acceso a la carpeta fiscal.
▶️ LAMENTABLE |
️»Hoy estamos navegando en dudas», declaró el fiscal general, Emiliano Rolón, a 3 años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Mencionó que no está tranquilo, pero desde que llegó a la Fiscalía no hubo ningún avance en la investigación. Hasta había dicho… pic.twitter.com/XsojJCHXi0
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Agotadas las instancias previas, los hermanos de Marcelo Pecci decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra ambas resoluciones. En su presentación argumentan que los magistrados de primera y segunda instancia “socavaron las bases republicanas de un estado social de derecho” al negarles derechos que les asisten en calidad de víctimas, contraviniendo diversos artículos constitucionales y convenios internacionales.
La acción presentada por los hermanos Pecci detalla una serie de interrogantes sin respuesta por parte de la Fiscalía: acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas, evaluación del progreso hacia una teoría del caso, hipótesis trazadas, diligencias pendientes y obstáculos para el avance. También solicitan conocer el tiempo estimado para que las evidencias permitan sostener razonablemente una línea sobre la teoría del caso y contar con respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía.
Esta solicitud permanece pendiente de resolución en la sala constitucional de la Corte Suprema, integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans. La familia Pecci mantiene la esperanza de que esta instancia superior reconozca su derecho a conocer los avances en la investigación del asesinato que conmocionó al país.
El 9 de octubre de 2023, el fiscal general Emiliano Rolón dispuso el inicio formal de una investigación en Paraguay para identificar al instigador del crimen y asignó el caso a un equipo fiscal especializado. Esta apertura generó solicitudes de acceso tanto por parte de los hermanos Francisco Luis y Gabriela Pecci Albertini, como de Claudia Aguilera, viuda del fiscal y madre del hijo de ambos, representada por la abogada Cecilia Pérez.
En respuesta a estas solicitudes, el Ministerio Público reconoció únicamente a Aguilera como víctima con los derechos establecidos en las normas, por ser cónyuge supérstite y representante legal del hijo que tuvo con el fiscal Pecci, conforme al artículo 68 del Código Procesal Penal. Este artículo establece varios derechos para la víctima, incluyendo intervenir en el procedimiento penal y ser informada de los resultados, pero con limitaciones.
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El fiscal general Emiliano Rolón aclaró que, si bien Aguilera es reconocida como víctima, esto no le otorga acceso completo a la carpeta fiscal. Según explicó, basándose en el artículo 322 del Código Procesal Penal y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la víctima será informada de los avances y resultados, pero no puede acceder directamente a la documentación sensible sin presentar una querella formal.
Respecto a los hermanos Pecci, aunque fueron reconocidos como familiares, se rechazó su intervención en la causa, limitándose a recibir información general sobre los avances por parte de los fiscales. Esta postura del Ministerio Público establece que, sin la presentación de una querella según lo contemplado en el artículo 69 del Código Procesal Penal, ningún familiar puede tener acceso total a las actuaciones fiscales, incluso tratándose de un caso de tan alta relevancia pública.
Fuente: ABC Color
