Una nueva investigación fiscal sacó a la luz un esquema de fraude que afectó a funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Este viernes, la agente Karina Caballero encabezó un allanamiento en la sede de la Asociación de Funcionarios del SNPP, en busca de pruebas relacionadas con procesos judiciales presuntamente amañados para ejecutar deudas inexistentes.
En el procedimiento se incautaron documentos y computadoras que podrían contener información clave sobre los responsables de un sistema que, según la Fiscalía, habría permitido a casas de crédito reclamar el pago de pagarés ya cancelados. La maniobra se habría gestado en complicidad con funcionarios judiciales.
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El caso involucra directamente al juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien enfrenta cargos por prevaricato y otros delitos. Según la hipótesis fiscal, él y parte de su equipo habrían facilitado el trámite de procesos ejecutivos utilizando documentación adulterada, favoreciendo a empresas como SERFIN S.A. y PRESTO S.A.
Entre los años 2020 y 2022, las firmas habrían falsificado fechas de emisión y vencimiento de pagarés cancelados para reactivar deudas ya saldadas. Estos documentos eran luego usados en juicios donde, además, se falseaban las notificaciones a los afectados. Así, muchos funcionarios del SNPP ni siquiera sabían que estaban siendo demandados.
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El informe fiscal señala que las notificaciones eran simuladas, sin cumplir con las exigencias legales mínimas. Esto permitía que los embargos se realizaran en ausencia de los demandados, imposibilitando su defensa y facilitando sentencias favorables a las casas de crédito. En total, más de una docena de personas están imputadas por su rol en esta trama.
Funcionarias del juzgado, como las actuarias Rosa del Pilar Lezcano y Gloria Isabel Morínigo, además de notificadores judiciales, están bajo sospecha de haber permitido que el sistema judicial fuera manipulado a favor de intereses privados. La Fiscalía sostiene que todo fue cuidadosamente diseñado para garantizar embargos express sin que los verdaderos afectados pudieran intervenir.
En paralelo, también fueron imputados ejecutivos de las empresas de crédito involucradas, como Gustavo Omar Cartes y María Belén Cartes, quienes ocupaban cargos directivos en PRESTO S.A. La acusación alcanza a otros funcionarios y representantes legales que, según el Ministerio Público, participaron activamente en el esquema.
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El expediente fiscal reúne 296 páginas con detalles minuciosos sobre cada actor implicado, incluyendo irregularidades administrativas en la Asociación de Funcionarios del SNPP. Estas prácticas, que continúan afectando económicamente a varios trabajadores, fueron calificadas como sistemáticas y deliberadas.
Desde el sector afectado, la vocera Blanca Mello pidió al Poder Judicial que acelere los trámites para frenar los descuentos que siguen aplicándose injustamente a empleados del SNPP. Las víctimas exigen una solución rápida para terminar con una situación que, lejos de ser del pasado, todavía repercute en sus salarios.
Fuente: Judiciales. Net
