Juez redujo pena por 17 kilos de cocaína genera polémica

Una resolución judicial dictada en Ciudad del Este generó múltiples cuestionamientos tras la aplicación de una condena reducida a un procesado por tenencia de 17,4 kilogramos de cocaína. La causa involucra a Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, quien fue detenido en octubre de 2024 y recibió una pena de solo dos años de prisión, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. La sentencia fue firmada por el juez Carlos Vera, con el consentimiento de los fiscales Elvio Aguilera y Jorge Sosa.

La droga fue hallada durante un allanamiento realizado en la vivienda del imputado. Según el acta fiscal, el propio Maldonado guió a los intervinientes hasta una habitación, donde reveló el escondite de 15 paquetes de cocaína. En base a estos hechos, la Fiscalía imputó al acusado por infracción a la ley 1340/88, con un marco penal previsto de cinco a quince años de prisión.

A pesar de la gravedad de la acusación, la defensa solicitó el procedimiento abreviado, invocando el artículo 43 de la ley especial de drogas, que permite reducir la pena si el procesado colabora con las autoridades para la incautación de más sustancias o el descubrimiento de redes delictivas. La Fiscalía aceptó esta vía, justificando la reducción en informes confidenciales que, hasta la fecha, no han sido divulgados públicamente.

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Durante la audiencia preliminar del 25 de abril, el fiscal se ratificó en su acusación, pero también argumentó que la colaboración del acusado permitió resultados positivos en investigaciones paralelas. El fiscal adjunto Jorge Sosa avaló la aplicación del artículo 43, lo cual fue aceptado por el juez Vera, quien resolvió aplicar la pena mínima contemplada, junto con la suspensión condicional.

Como parte de la reparación simbólica, el procesado ofreció una donación de G. 200.000 a una institución de beneficencia. La resolución judicial menciona que los documentos confidenciales justifican la colaboración del acusado, pero no se dieron a conocer detalles concretos sobre las supuestas incautaciones posteriores ni sobre el alcance de la cooperación.

Fuente: El Observador