Pensión para personas con discapacidad: nuevo proyecto en debate

El diputado Roberto González, del Partido Colorado, presentó un nuevo proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente sobre pensiones para personas con discapacidad. La propuesta elimina el requisito de tener 60 años cumplidos para acceder a este beneficio, establecido por la legislación actual.

El legislador explicó que la iniciativa plantea que toda persona con discapacidad severa pueda recibir una pensión del Estado a partir de la certificación médica emitida por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), sin necesidad de alcanzar una edad mínima.

González aclaró que su iniciativa no está vinculada al proyecto que fue recientemente rechazado por el Congreso Nacional. Por tanto, puede ser tratada nuevamente dentro del presente periodo legislativo. Según indicó, su objetivo es corregir una exclusión que considera injustificada y que afecta directamente a personas con limitaciones severas.

En una conferencia de prensa, el diputado cuestionó los efectos del “condicionamiento” que sufren muchas personas con discapacidad, y que impacta tanto en su calidad de vida como en la de sus cuidadores, quienes en muchos casos deben dejar sus empleos para brindar atención permanente.

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El Congreso no pudo tratar el veto presidencial al anterior proyecto debido a la falta de quórum en una sesión extraordinaria, lo que derivó en una sanción ficta. En respuesta, legisladores cartistas propusieron una modificación parcial a la ley de pensión para adultos mayores, que incluiría a personas con discapacidad, pero manteniendo el requisito de los 60 años.

González enfatizó que su proyecto es completamente nuevo y no se encuentra limitado por las disposiciones reglamentarias sobre la repetición de propuestas archivadas en el mismo periodo legislativo.

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Según el Poder Ejecutivo, la implementación de una pensión universal para personas con discapacidad requeriría aproximadamente USD 139 millones anuales, con base en una estimación de 299.000 potenciales beneficiarios. Sin embargo, desde sectores que respaldan la propuesta, se afirma que solo alrededor de 11.000 personas cumplirían los requisitos establecidos, lo que reduciría el costo a cerca de USD 8 millones por año.

Fuente: ABC Color