Caso Libra: Justicia argentina investiga los celulares y el patrimonio de Milei y su entorno

En el marco de la investigación por la supuesta estafa vinculada a la criptomoneda Libra, el fiscal Eduardo Taiano solicitó a las principales compañías telefónicas de Argentina que informen sobre las líneas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y tres empresarios involucrados: Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

La medida apunta a conocer los movimientos telefónicos entre enero de 2024 y la fecha actual, con el fin de reconstruir comunicaciones clave, especialmente en las horas previas al lanzamiento del token Libra, que fue promocionado el 14 de febrero por el propio presidente desde su cuenta oficial en la red social X.

URGENTE:

La Justicia pidió de manera urgente información de los celulares de Javier Milei, Karina Milei, Hayden Davis y otros imputados en la causa.$LIBRA

— Gustavo (@gabruzo) May 30, 2025

El requerimiento surge tras el pedido del querellante Martín Romeo, quien se presentó como damnificado en la causa.

Patrimonio en la mira

La investigación también avanza sobre el patrimonio de los hermanos Milei. Semanas atrás, la jueza María Servini solicitó al Banco Central, la Oficina Anticorrupción (OA) y la ANSES informes detallados que permitan trazar la evolución financiera del presidente y la secretaria general de la Presidencia desde 2023.

Entre otros datos, se espera el acceso a las declaraciones juradas, la información del régimen contable mensual del BCRA, y los historiales laborales registrados por ANSES.

Objetivo de la causa

El fiscal Taiano intenta determinar el grado de involucramiento de Milei y su entorno en el desarrollo y promoción del activo digital Libra, que habría causado perjuicios a inversionistas.

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En ese sentido, también se solicitó la titularidad del sitio web que promovió el token y registros del Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior, con foco en posibles encuentros con empresarios del sector cripto.

Las medidas alcanzan a organismos públicos y privados como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, y empresas tecnológicas como Google, que ya comenzaron a remitir información requerida por la fiscalía.

Fuente: TN Noticias