El caso del feminicidio de María Fernanda Benítez, que conmocionó a Paraguay, suma un nuevo capítulo. Documentos obtenidos por El Nacional revelan que Ricardo Andrés León Villamayor, imputado por frustración a la ejecución penal, está vinculado a millonarios contratos con el Estado.
Su empresa, RCV Constructora, figura entre las desarrolladoras habilitadas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
RCV Constructora, propiedad de León Villamayor, fue autorizada el 5 de febrero de 2025 para operar en el programa Che Roga Porã 2.0, según resolución del MUVH. Este programa, considerado un pilar del Gobierno para la construcción de viviendas sociales, otorga contratos significativos a empresas seleccionadas.
Fuentes consultadas por El Nacional señalan irregularidades en proyectos previos de RCV Constructora, incluyendo incumplimientos en especificaciones técnicas. Además, documentos sugieren vínculos con figuras influyentes del actual Gobierno, aunque no se ha probado presión política en la adjudicación de contratos.
Un análisis de cuatro contratos de RCV Constructora revela montos cercanos a G. 1.100 millones. Estos acuerdos, firmados con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Municipalidad de Guayaibí, la Municipalidad de Yataity del Norte y la comuna de Tte. Irala Fernández, evidencian el peso económico de la empresa en el sector público.
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En el caso de Fernanda Benítez, Ricardo León Villamayor fue imputado tras un allanamiento en su vivienda en Coronel Oviedo. La fiscala Gloria Rojas explicó que el empresario cayó en contradicciones durante la investigación. En su propiedad se incautó una motocicleta vinculada al presunto feminicida, lo que derivó en su imputación por frustración a la ejecución penal.
El hallazgo de la motocicleta, registrada a nombre de un familiar del principal sospechoso, refuerza la conexión de León Villamayor con el caso. Cámaras de seguridad captaron a María Fernanda junto al presunto autor del crimen, quien la trasladó en dicho vehículo antes de su asesinato. La Fiscalía continúa investigando posibles responsabilidades adicionales.
Fuente: El Nacional
