Abogadas son investigadas por bailar en sede judicial

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres, tras la difusión de videos en redes sociales donde ambas aparecen bailando dentro de salas judiciales.

Las imágenes, que rápidamente generaron críticas en medios digitales y foros legales, fueron grabadas en espacios destinados a juicios orales, lo que podría representar una violación al decoro institucional y a la ética profesional.

La difusión del contenido, considerado inapropiado por autoridades judiciales, encendió las alarmas en el máximo órgano judicial del país, que instruyó una indagación administrativa. El proceso está a cargo del Departamento de Supervisión de Profesionales Abogados, que deberá determinar si hubo una infracción y recomendar posibles sanciones.

Las medidas disciplinarias contempladas van desde una amonestación formal hasta la suspensión del ejercicio profesional, incluyendo la posibilidad de cancelar definitivamente la matrícula, según lo establecido por el reglamento interno del Poder Judicial.

María Fátima Muñoz, una de las involucradas, fue noticia recientemente por asumir la defensa de los padres del adolescente imputado por el presunto feminicidio de Fernanda Benítez, un caso que mantiene fuerte atención mediática en el país. Esta exposición adicional ha incrementado el escrutinio público sobre su conducta profesional.

Abogada viral defiende a padres del sospechoso

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Desde el entorno judicial, se cuestionó el uso de espacios oficiales con fines que no se ajustan a la función que deben cumplir. “El respeto a la solemnidad de los actos judiciales es un principio básico. Convertir una sala de juicio en escenario de entretenimiento vulnera el sentido de la función pública de la justicia”, expresaron fuentes ligadas a la Corte.

El procedimiento disciplinario aún se encuentra en fase preliminar. Una vez finalizado el informe técnico del área de supervisión, será el Pleno de la Corte Suprema quien decida las medidas a adoptar. La situación plantea nuevamente el debate sobre la conducta de los profesionales del derecho en tiempos de redes sociales y exposición pública.

Fuente: PDS