El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral la causa contra el ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, tras la audiencia preliminar realizada esta mañana en Tribunales. El magistrado dispuso mantener la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa sobre el ex jefe comunal hasta la realización del juicio oral. La decisión se produjo luego de evaluar la acusación presentada por el Ministerio Público y los elementos probatorios reunidos durante la investigación.
La audiencia preliminar se desarrolló en menos de dos horas sin mayores incidentes procesales. El fiscal Eugenio Ocampos ratificó su pedido de elevación a juicio oral por los delitos de lesión de confianza y apropiación, ambos en modalidad agravada. El querellante adhesivo respaldó la solicitud fiscal durante la audiencia. El magistrado consideró que existen suficientes elementos de convicción para proceder con el juicio oral contra el ex funcionario municipal.
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Se eleva a juicio la causa al exintendente de Lambaré, Armando Gómez por,lesión de confianza y apropiación que causó un prejuicio de G 7.300 millones a dicho municipio.
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— El Observador (@observapy) June 11, 2025
La acusación fiscal establece que Gómez causó un perjuicio patrimonial de G. 7.315 millones a la Municipalidad de Lambaré. Los cargos incluyen la creación y dirección de un esquema para desviar aportes jubilatorios de funcionarios municipales. El ex intendente habría organizado un sistema fraudulento que afectó significativamente las finanzas comunales durante su gestión al frente de la administración municipal.
El mecanismo fraudulento consistía en la apropiación de aportes jubilatorios descontados a funcionarios permanentes del municipio. Estos descuentos no fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal según establece la ley. La maniobra habría sido ejecutada de manera sistemática durante el período investigado, generando el considerable perjuicio económico que fundamenta la acusación fiscal.
Segunda imputación contra Armando Gómez por lesión de confianza
La defensa de Gómez, representada por los abogados Osvaldo Sotelo y Julio César Bobadilla, inicialmente planteó varios pedidos procesales. Los letrados solicitaron diligencias adicionales, incluyendo informes de la Municipalidad de Lambaré y de la Contraloría General de la República. Sin embargo, posteriormente desistieron de estas solicitudes antes de que el juez se pronunciara sobre su admisibilidad.
Los defensores también cuestionaron la calificación jurídica de los hechos imputados y solicitaron la exclusión de un tipo penal específico. Estas objeciones fueron igualmente retiradas por la defensa durante el desarrollo de la audiencia. La estrategia defensiva se centró finalmente en el pedido de una pericia contable con puntos específicos de análisis y la designación de un perito propuesto por la defensa.
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El magistrado Otazú rechazó la solicitud de pericia contable por considerarla extemporánea. La ley procesal establece que este tipo de diligencias debe realizarse durante la etapa investigativa del proceso. El juez explicó que la fase preliminar no es el momento procesal adecuado para incorporar nuevos elementos probatorios que debieron ser gestionados anteriormente.
En la misma causa, Roberto Paredes Ojeda, ex director administrativo y coprocesado, obtuvo sobreseimiento provisional. El magistrado había otorgado trámite de oposición al pedido de sobreseimiento, pero la Fiscalía Adjunta ratificó su solicitud. Ante esta situación, el juez no tuvo alternativa legal distinta a admitir el pedido fiscal, beneficiando al ex funcionario administrativo con esta medida procesal que suspende temporalmente la persecución penal en su contra.
Fuente: Última Hora
